(*) Intervención de Ana Oramas en la convalidación  del Real Decreto sobre el sistema de pensiones en el pleno celebrado en el Congreso el día 11 de abril

Sabemos al difícil escenario al que nos enfrentamos pero, sin embargo, no estamos dispuestos a ser cómplices de un Gobierno que recurre cada viernes a la misma estrategia basada en la imposición. Una estrategia recurrente consistente en la  aprobación de decretos en los Consejos de Ministros de manera unilateral, puenteando el diálogo con los agentes económicos y sociales, y las fuerzas políticas, y restando protagonismo al foro en el que se deben debatir todas las cuestiones relativas al sistema de pensiones.

Nos encontramos en un callejón casi sin salida. Los costes del desempleo son demasiado costosos para el Estado y, por otra parte, somos testigos de un debilitamiento progresivo del sistema de pensiones debido a la drástica caída de la afiliación y el aumento de las jubilaciones y las prejubilaciones. El escenario económico y el marco presupuestario no admite muchos movimientos. Y el Gobierno ha optado, a través de este decreto, por recurrir a un atajo consistente en encarecer las jubilaciones anticipadas y pagar menos pensiones.

Ante la disyuntiva de anticipar la entrada en vigor de los 67 años como edad legal de jubilación, el Ministerio ha recurrido a un paquete de medidas de manera precipitada y sin conocer con exactitud el cálculo del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones. Un cálculo que tendrá que definir un comité de expertos durante este semestre.

Este Decreto supone un nuevo engaño a quienes hace sólo 15 meses dieron su apoyo al Partido Popular. No existe en el programa del PP ni una sola alusión a “menos jubilaciones y menos subsidio”. Al contrario, su apuesta era otra: más jubilaciones y más subsidios. Y lo más grave es que este decreto se tramita con la máxima diligencia, a tenor de las prisas impuestas por Bruselas, pese a que nos encontramos ante una de las reformas de la Seguridad Social más importantes de nuestra Historia.

Un decreto en el que el Gobierno vuelve a recurrir a los eufemismos para tratar de maquillar lo que es innegable. El objetivo no es “favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad”. El decreto no favorece, impone. Y tampoco pretende “promover el envejecimiento activo”. No promueve, obliga.

Señora ministra, no vamos a ser cómplices de una reforma de pensiones por decreto ley ni tampoco de una política basada en imposiciones a esta Cámara y al Pacto de Toledo. Eso sí, con la responsabilidad con la que siempre hemos actuado, con una visión de Estado muy superior a la mostrada por los dos principales partidos, nos mantenemos abiertos al diálogo para perfilar, entre todos, un sistema cuya sostenibilidad debemos garantizar con altura de miras y no con acuerdos precipitados y forzados por Bruselas.

Y, como el resto de las fuerzas políticas, votaremos a favor de que se tramite como proyecto de ley.