Cerramos una intensa semana de debates parlamentarios en la que nuestros senadores Narvay Quintero y María del Mar Julios, junto a quien escribe, hemos abierto varios frentes sobre asuntos que ponen de manifiesto la creciente distancia que existe entre las políticas que dicta el Gobierno del Estado y las demandas que plantea nuestra Comunidad Autónoma.
La unanimidad expresada por el Parlamento de Canarias con respecto a la reforma de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) debe ser la antesala del consenso que será necesario para acometer el debate que se abrirá para modificar la pata más importante –la económica- de la norma que nació para dotar a las Islas de los instrumentos necesarios para competir en igualdad de condiciones que en el territorio continental.
Decía el crítico de arte John Berger que “toda protesta política profunda es un llamamiento a una justicia ausente, y va acompañada de la esperanza de que en el futuro se terminará restableciendo esa justicia”. Esa esperanza es prácticamente lo único que nos queda a quienes llevamos padeciendo la ausencia de diálogo por parte de aquellos que han desprovisto de vida a las Cortes Generales, apoyándose siempre en una mayoría absoluta incuestionable, pero actualmente irreal.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, acusó hoy al presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, de “aplicar recortes en Canarias por cuestiones políticas”, en la sesión de control celebrada en el pleno del Congreso de los Diputados.
Casi tres años después de su toma de posesión como presidente, casi todas las promesas que Mariano Rajoy asumió con Canarias en el debate de investidura se han evaporado o han sido rotas por los ajustes que el Gobierno ha aplicado a unos territorios más que a otros. El próximo miércoles volveré a pedir a Rajoy que justifique en el pleno del Congreso el incumplimiento de sus compromisos.
Es la segunda vez en esta legislatura que le formulo la misma pregunta. Y me temo que, lejos de reconocer que ha fallado a la sociedad canaria, optará una vez más por ocultar parte de la realidad con expresiones grandilocuentes o usando eufemismos para maquillar las medidas que su Ejecutivo está adoptando en el territorio más castigado por la crisis.
El cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit y el pago de la deuda no pueden seguir siendo el eje central de la política española y comunitaria. Ambas medidas no solo contribuyen a desmantelar los servicios públicos sino que, además, restan musculatura a las políticas que nos ayudarán a ser menos vulnerables. Me refiero a la I+D, a las energías renovables, al trazado de políticas que permitan que la industria aumente su peso específico o, por ejemplo, que los espacios turísticos deteriorados no amenacen el futuro de este sector. Y eso solo será posible si existe un cambio de rumbo en la fracasada política de austeridad.
El escritor y diplomático Ángel Ganivet decía que “si en la vida práctica la dejadez se hace visible por el no hacer, en la vida intelectual se caracteriza por no prestar atención”. En el caso de la política, la dejadez se refleja en la falta de compromiso. Es lo que le ocurre al Partido Popular de Canarias. Mientras sus compañeros de Baleares anuncian que no se van a quedar de brazos cruzados y que van a plantar cara al Gobierno del Estado para exigir un aumento de la inversión, los populares canarios han optado, un año más, por arrimar el hombro con sus compañeros y alabar unas cuentas en las que Canaria vuelve a figurar a la cola.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, trasladó hoy al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, un paquete de medidas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en Canarias, entre las que destacó el incentivo de la conectividad aérea entre las Islas y la Península, la inclusión de medidas que reactiven el sistema productivo en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y la protección de los 20.000 empleos vinculados al sector platanero.
Ni la indiferencia que aleja a los ministros aún más del Congreso en periodo estival ni la férrea negativa del Partido Popular a aceptar las solicitudes de comparecencia del resto de los grupos parlamentarios han sido suficientes para impedir la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión que se reunirá el próximo martes en la Cámara Baja, en la que deberá explicar las medidas que tendrá que impulsar su departamento ante el nuevo fallo del Tribunal de Luxemburgo en el que exige al Gobierno de España que refuerce la protección a los deudores hipotecarios.
Formidable, increíble, fabuloso, sorprendente o indescriptible. Estos fueron solo algunos de los calificativos que utilizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el pleno celebrado martes en el Congreso, para describir la situación que, según él, vive la economía de nuestro país. Nos retó a los diputados a que pusiésemos en duda la veracidad de los números que publicita diariamente su departamento y yo le reté a él a que encontrase a un solo español que estuviese dispuesto a subir a la tribuna a decir que las cosas van mejor.
