El Partido Popular (PP) impidió hoy que prosperase, en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, una proposición no de ley defendida por la diputada Ana Oramas en la que se instaba al Gobierno del Estado a que ampliase la cuantía de la subvención a la desalación de agua de mar en Canarias con carácter inmediato y por un importe global no inferior al consignado por este concepto en el ejercicio 2010.

La iniciativa de Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) rechazada por el PP es similar a una proposición no de ley presentada por el mismo partido en el Parlamento de Canarias y que fue aprobada por unanimidad por dicha Cámara hace sólo cinco meses, concretamente el 28 de septiembre de 2011.

La votación se saldó con 21 votos a favor y 24 en contra correspondientes a los diputados del Partido Popular y UPyD.

Oramas señaló, tras conocer el voto en contra de los populares, que se trata de una decisión “muy grave” dado que ello supone que el PP no garantiza que en los presupuestos de 2012 se contemple la partida que se necesita para este proyecto, que es vital para islas como Lanzarote o Fuerteventura, donde el 98% del agua que se consume procede de agua desalada de mar.

“Un porcentaje”, explicó Oramas, “que se sitúa muy por encima de la dependencia que se plantea en otras zonas de España, como ocurre en las dos capitales de la Comunidad Autonómica. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, más de un 85% del agua que se consume es de origen marino; en Santa Cruz de Tenerife, aproximadamente, un 33%”.

Los nacionalistas pretendían con esta iniciativa garantizar que el Gobierno del Estado consignase en 2012 una partida similar a 2010, es decir, más de 13 millones de euros, tras el recorte del 30% aplicado en 2011.

Oramas expuso, a este respecto, que “en el caso de que se prolongue el recorte, habrá un inevitable aumento de las tarifas del agua de consumo, con el consiguiente impacto que ello producirá en los usuarios y en las familias con rentas más bajas, además de todos los sectores económicos”.

La disminución de la ayuda estatal ha sido constante en los últimos años. En 2008, la subvención era de casi 17 millones de euros, ocho millones más que en 2011, pese a que el objetivo final de esta ayuda, que es la equiparación de las tarifas del agua en Canarias a las del resto del Estado, es un reto que aún permanece por cuestiones de carácter estructural.

Oramas subrayó que “la reducción de la ayuda estatal afectará en cadena a la economía de Canarias y su medio ambiente. De hecho, un probable incremento de tarifas afectaría no sólo a los ciudadanos, sino también a la industria turística en un ejercicio que vuelve a ser muy crítico para las Islas y en el que este sector es clave para avanzar en la recuperación económica”.

“La paulatina disminución de estas ayudas atenta contra el ADN económico de Canarias, establecido en su Régimen Económico y Fiscal (REF), y consagrados tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución española, donde se contemplan nuestras singularidades históricas y económicas”, agregó la diputada nacionalista.