Artículo publicado en el diario El País

Casi un mes después de que España solicitase el rescate de la banca, seguimos sin conocer la letra pequeña del coste para devolver una cantidad ingente que nos obligará a sumar nuevos sacrificios. Todo apunta a que el sufrimiento que hoy padecen muchas familias se alargará con medidas que se traducirán en un incremento del IVA y en una nueva reducción de los salarios de los empleados públicos.

El ministro de Economía tardó 16 días en comparecer en el Congreso después de aquel agónico sábado en el que se desarrolló la teleconferencia urgente del Eurogrupo en la que se vio obligado a reclamar el rescate de las entidades financieras españolas más afectadas. Un rescate que demandó sólo unos días más tarde de que tanto él como el presidente del Gobierno anunciaran todo lo contrario; no tanto tiempo más tarde de que aseguraran que no sería necesario el empleo de dinero público para solventar los errores de los bancos, fueran éstos producto de la deficiente supervisión del Banco de España o de los excesos perpetrados desde la parte política.

Hay demasiadas versiones en esta historia que no cuadran y demasiadas cifras que asustan, demasiados anuncios desmentidos por los hechos, o por los mercados, y demasiados sacrificios para una sociedad que solamente contempla una cosa: la crisis no termina y el rescate de los bancos tampoco servirá para reabrir el grifo del crédito, sino para solventar las urgencias de las entidades mal gestionadas. Por el contrario, hay muy pocas certezas sobre los costes para el ciudadano de esa factura que podría ascender hasta 100.000 millones de euros.

El Gobierno debe aclarar cuanto antes las condiciones de ese rescate que siguen llamando crédito. Deben negociar bien las condiciones para que no suponga un lastre añadido para una economía profundamente deprimida. No hay economía productiva que resista una oleada de recortes semejante.

En segundo lugar, y esto sí que es crucial, el Gobierno, empezando por su presidente, debe empeñarse en el gran desafío de estos tiempos: cambiar el libreto de política económica. No por repetir el mismo error ni doblar la dosis de sufrimiento a nuestros ciudadanos va a dar mejor resultado. Porque la única posibilidad, la única, para que este rescate ofrezca algún resultado es que venga acompañado de un verdadero cambio de estrategia conjunta en la zona euro, con la articulación real de medidas de crecimiento y una auténtica asunción de responsabilidades financieras en un espacio monetario común. Porque la asimetría no se combate con ajustes, sino con más coordinación. Y ése es el único camino para recuperar la confianza de los mercados. Un camino en el que debe dialogar y tratar de cerrar acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios. La crisis no puede seguir siendo gestionada de manera unilateral por un Gobierno, cuyas prisas para cumplir con la insensata escalada de recortes que impone Bruselas, están desfigurando las bases de nuestro Estado de bienestar.

Actuar con auténtico sentido de Estado es un ejercicio de responsabilidad que tendremos que hacer unos y otros. El Gobierno, cuya credibilidad se ha desmoronado en unos meses, no puede seguir impulsando decretos en solitario, mientras que al resto tan sólo los queda el derecho al pataleo ante un Ejecutivo que no escucha, que se niega a dialogar y que se apoya en su mayoría absoluta.

¿Qué debe hacer el Gobierno? Debe convocar ya a todos los portavoces parlamentarios para diseñar, entre todos, las líneas estratégicas de las políticas que se deben trazar para hacer frente a esta camaleónica crisis económica. Y, una vez que se alcance el máximo consenso, el presidente debe comparecer ante las Cortes Generales para presentar ante los ciudadanos la hoja de ruta que debe seguir España para afrontar una crisis sin precedentes. Esta estrategia conjunta fortalecerá al Gobierno y, sobre todo, fortalecerá a un país que precisa de un frente común para no ser tan endeble ante unos mercados cuya voracidad se alimenta en parte por la extrema debilidad de un Ejecutivo desbordado por los acontecimientos.

Para avanzar necesitamos una estrategia común que pasa, necesariamente, por poner fin al absurdo cruce de acusaciones entre quienes, tras 30 años de bipartidismo, han sido los responsables de lo que hoy es España. El déficit de diálogo que existe entre las fuerzas políticas es una carencia que sólo contribuye a que se siga desgarrando nuestro sistema democrático. Un sistema que languidece por la inmadurez y el temor de quienes se niegan a fomentar la cultura del debate.

Aprovechemos esta crisis para poner fin a una forma de hacer política que sólo ha servido para crear más frustración en la sociedad. Los errores acumulados han multiplicado los signos de agotamiento de una estructura cuyo futuro pasa por más diálogo, más capacidad de escuchar y más transparencia.

Decía Sófocles que “cuando las horas decisivas han pasado, es inútil correr para alcanzarlas”. Por ello, la crisis requiere que actuemos con altura de miras y dejemos a un lado la sinrazón de acusaciones estériles que sólo contribuyen a que haya más desconfianza, más desapego de los ciudadanos y un rosario de descalificaciones que no aportan absolutamente nada a un país que se desangra.

 

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