Poco a poco se va plasmando sobre el papel lo que todos intuíamos que se iba a producir. Los eufemismos que hasta ahora había utilizado el Ministerio de Fomento y las cláusulas poco definidas introducidas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 han dado paso a un hecho que pondrá fin a la bonificación del 50 por ciento del billete aéreo a los residentes en Canarias, Baleares, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Fomento introducirá una tarifa máxima bonificable de 120 euros por trayecto con la que persigue abonar una subvención tope de 60 euros. Esto significa que, a partir de esa cifra, el usuario canario tendrá que pagar de su bolsillo la diferencia. Una cifra demasiado ajustada e irreal que obligará a la mayoría a abonar una cantidad extraordinaria.

El Gobierno ha optado por adentrarse en una senda de recortes sin evaluar previamente sus consecuencias ni el pago que tendrán que asumir los ciudadanos. El cálculo realizado por los tecnócratas  del Ministerio de Fomento responde a un criterio de ajuste contable, pero desatienden variables que no caben en las mentes obtusas de quienes se desplazan hasta la sede ministerial en su vehículo, en metro, guagua, tren e, incluso, en avión.

Y ése es el pago que tiene que asumir una Comunidad, como Canarias, ante la pasividad cómplice de la delegada del Gobierno en las Islas, los altos cargos canarios del Gobierno de Rajoy y los diputados y senadores del Partido Popular. Parlamentarios que, en el momento más delicado de nuestra economía, se aferran a las siglas de su partido y rehúyen plantar cara a una decisión injusta y negativa para su propio pueblo. Una pasividad que contrasta con las voces críticas que hemos escuchado en las filas del mismo partido en otras Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Fomento toma esta medida a sabiendas de que la desaparición de compañías aéreas, entre ellas Spanair e Islas Airways, y el progresivo incremento de tasas aeroportuarias autorizado por el mismo departamento han provocado una escalada de los precios de los billetes aéreos. Volar es cada vez más caro y, pese a ello, la ministra se empeña en ajustar la subvención ya que, según dice, se trata de una factura muy cara que el Gobierno no puede asumir.

La crisis económica ha sido la excusa que ha utilizado el Gobierno para erradicar determinadas políticas que chocan con el ideario político del partido que sustenta al Ejecutivo. Lo que sorprende es que la riada que se está llevando consigo tantos derechos incluya también una subvención que no nos corresponde por un capricho de los canarios sino por una situación geográfica de aislamiento reconocida y amparada por la Constitución europea, pero que en nuestro país se respeta o atropella al libre albedrío del Gobierno de turno.

La subvención de los billetes a los residentes figura en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, un instrumento que, pese a su rango de ley, es infringido con demasiada asiduidad por un Gobierno que se olvida deliberadamente que las políticas que se aplican en la Península no son extrapolables a nuestro Archipiélago.

Resulta paradójico, además, que la tarifa máxima bonificable de 120 euros coincida con la reducción del precio de los billetes del AVE. Dos decisiones que ponen de relieve la preocupación del Ministerio de Fomento por la evolución del número de viajeros de la alta velocidad y su obsesión por recortar la factura de sus gastos en  Canarias

El Gobierno de Rajoy nos pide a diario que seamos responsables, que arrimemos el hombro, que asumamos los recortes como parte de la penitencia que tenemos que sufrir por los excesos de otros. Nos ruega que seamos solidarios, que seamos sumisos y nos ahorremos nuestras críticas para no dañar la “marca España”. Nos pide, en definitiva, que nos olvidemos de todo lo que hemos conquistado y demos vía libre a una amnistía que les permita deshacer, con total impunidad, todo el camino que hemos recorrido.

Pero todo tiene un límite y la paciencia ya se nos ha agotado. Nosotros, en las Cortes, y muchos ciudadanos en la calle, se han rebelado contra las recetas con las que el Gobierno pretende, previa imposición de Alemania, que paguemos los platos rotos y garanticemos el pago de la deuda pública y el dispendio del sistema financiero. Y no vamos a permitir, y haremos todo lo que esté en nuestra mano, para que el PP no siga pisoteando derechos como el que nos permite desplazarnos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de este país.

Esta decisión suicida del Ministerio de Fomento es mucho más de lo que puede soportar un pueblo que está padeciendo más que ninguno las consecuencias de castigos severos y de sucesivas decisiones miopes urdidas en los despachos ministeriales en los que volar es concebido como parte de un acto vacacional y no como una necesidad.