La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, expresó hoy –en el pleno del Congreso- su rechazo a la reforma de la Ley de Costas al tratarse “de una modificación parcial y sesgada que se limita a extender a 75 años las concesiones y amnistiar a determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, con su exclusión del dominio público marítimo terrestre o establecer un excepcional deslinde para la isla de Formentera”.

Oramas expuso que la reforma ratifica “el desconocimiento del Gobierno de la problemática de muchos núcleos costeros del litoral español, particularmente no considera las singularidades de Canarias, la comunidad autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en el litoral de nuestro Archipiélago no encaje con exactitud en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta”.

“Esta nueva norma”, apuntó la diputada nacionalista, “no atiende a la actividad turística, residencial, de transportes, agrícola y pesquera, comercial, deportiva y de ocio y, en definitiva, una realidad social y económica que se encuentra íntimamente ligada a la zona marítimo-terrestre”.

Oramas indicó, a este respecto, que la propuesta del Gobierno del Partido Popular se olvida de “núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes en nuestras costas con anterioridad a la ley de 1988, cuya realidad social y su actividad económica nunca ha sido adecuadamente considerada, cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que sólo establece la prelación de Bienes de Interés Cultural, valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora no considera”.

“No resuelve problemas competenciales”

La diputada nacionalista indicó que la reforma “tampoco resuelve problemas competenciales, más bien los recorta o agrava,  tanto respecto a las competencias locales como a las autonómicas”.

Oramas subrayó que “cabía esperar de una nueva norma que reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las playas que, al menos, constituyan verdaderos sistemas generales en los entornos urbanos. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Gobierno del Estado se sigue reservando las autorizaciones de las actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la administración local”.

En cuanto a las competencias de la Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, Oramas señaló que “las complica o condiciona en las zonas de servidumbre estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Estado. Tampoco mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde ni de la delimitación en zona de servidumbre”.