Alberto Ruiz Gallardón ha rescatado con su empecinamiento en la aprobación de su nueva ley de tasas judiciales aquella crítica feroz de Charles Dickens contra el sistema judicial inglés en su obra “Casa Desolada” en la que relataba con una narración magistral que la Justicia “da a los poderosos y adinerados abundantes medios para desalentar a quienes tienen la razón; que agota hasta tal punto la hacienda, la paciencia, el valor, la esperanza; que hasta tal punto agota las cabezas y destroza los corazones que entre todos sus profesionales no existe un hombre honorable que no esté dispuesto a dar —que no dé con frecuencia— la advertencia: «¡Más vale soportar todas las injusticias antes que venir aquí!»

La introducción de nuevas tasas y el incremento hasta en un cien por cien de las que ya existen en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses erige una barrera infranqueable para muchas personas, que se quedarán desamparadas sin acceso a una defensa legítima por cuestiones económicas.

Esta Justicia elitista creada por Gallardón para reducir la presión que existe en los juzgados por la vía equivocada obligará a muchos a renunciar a un derecho fundamental, como es la tutela judicial, por no poder asumir las costes de un sistema que, a partir de ahora, estará reservado para los más pudientes.

Algunos ejemplos ilustran con cifras a qué nos enfrentaremos a partir de ahora si nuestros derechos son lesionados y nos vemos obligados a recurrir a la Justicia. He rescatado los siguientes que han sido difundidos por las asociaciones de abogados: recurrir una sanción de tráfico leve (multas de hasta cien euros) supondrá 200 euros en tasas, el doble de la cuantía de la multa. En un divorcio común, sin liquidación de sociedad de gananciales, las tasas ascenderán a un total de 1.280 euros. Sin embargo, si la pareja tiene bienes en común, habría que valorarlos y aplicarles el pago de un 0,5% del valor como impuesto. Un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes —productos financieros que no vencen nunca y cuya retribución está ligada a que la entidad registrara beneficios—, si no prospera la vía penal y se pasa a la civil por unos ahorros de 128.000 euros, la tasa que deberá pagar es de 940 euros.

Y el ejemplo que mejor ilustra el despropósito del Ministerio de Justicia es el siguiente: en un accidente de tráfico, el ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, etcétera, reclama a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado 1.300.000 euros. Debería pagar una tasa por interponer la demanda de 300 euros, más el 0,5% de lo demandado hasta el millón de euros y del 0,25% a partir del millón. En total, pagará 6.050 euros. Si tuviera que recurrir a la Audiencia Provincial, 6.550 euros más. Si necesitara llegar hasta el Supremo, otros 6.950 euros. En total, para las tres instancias, le costaría 19.550 euros reclamar lo que hasta hoy le costaría cero euros.

Las consecuencias serán muchas, pero hay una que ya ha sido alertada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, que ha advertido que la Ley de Tasas supondrá un “obstáculo” para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de sus agresores dado que “será un freno” por el coste al que tendrán que hacer frente.

El Gobierno ha antepuesto su objetivo de reducir la fuerte carga judicial, aunque ello suponga dejar fuera del sistema a los litigantes menos favorecidos. Prevé ingresar unos 300 millones de euros con las nuevas tasas. Y ése es el objetivo de una iniciativa mercantilista, tramitada por el procedimiento de urgencia, que se ha aprobado en las Cortes con el único apoyo del Partido Popular y la oposición del resto de las fuerzas políticas y el rechazo unánime del mundo judicial.

Tan urgente se tramitó que ha su aplicación ha quedado en suspenso al no tener el Ministerio de Hacienda preparado el modelo de declaración de las nuevas tasas el día en que entró en vigor la ley. Este despiste burocrático delata la improvisación con la que el Gobierno ha obrado en la tramitación de una ley injusta, insolidaria y previsiblemente inconstitucional.

El afán recaudatorio ha cegado a un Gobierno que pretende limitar el acceso a un derecho fundamental por la renta y por la capacidad económica de aquellos que vean vulnerados sus derechos. Un Gobierno  que, en el marco de su oleada de recortes económicos, ha comenzado a aplicar fuertes ajustes en materia de derechos fundamentales. Ojalá que el inesperado descuido de los formularios sirva al Ejecutivo para dar marcha atrás a un despropósito mayúsculo y que, al igual que la Sanidad o la Educación, contribuye a enfatizar las desigualdades sociales que arroja la crisis económica y la inconveniencia de las políticas del Gobierno del Estado.

 

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