La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una Proposición No de Ley de la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, en la que insta a los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a que establezcan los mecanismo de autorregulación que sean precisos para evitar que las personas que hayan sido condenadas por la Justicia puedan lucrarse en programas de televisión.

La iniciativa presentada por Oramas fue enmendada por el Partido Popular y CiU y fue apoyada por todos los grupos, con la excepción del PSOE, que se abstuvo en la votación.

La Cámara Baja expresa “su rechazo a que los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión realicen cualquier tipo de pago o prestación directa, o a través de terceros, a personas que, habiendo sido condenadas por la Justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueran impuestas, así como a sus familiares y allegados”.

Oramas expuso durante su intervención que “hay programa que han pisoteado la ética miserablemente cuando permiten que un delincuente acuda a un plató y sea premiado con una recompensa económica millonaria por relatar los entresijos de su delito en prime time. La voracidad con la que se busca arañar puntos en la audiencia televisiva ha traspasado en varias ocasiones la delgada línea roja de la ética periodística y ahora nos corresponde, en el Congreso, poner fin a una práctica despreciable de la que se han beneficiado personajes como Julián Muñoz, Luis Roldán o la madre de «El Cuco».

“No pretendo con esta iniciativa”, agregó Oramas, “ni limitar la libertad de expresión ni que estas personas no puedan expresarse en un plató de televisión. El objetivo es que quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia no puedan enriquecerse ilícitamente en un medio de comunicación”.

La diputada nacionalista subrayó, a este respecto, que “es perverso e inadmisible que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a un programa a hablar de ello, mientras las víctimas se ven obligadas a ser testigos de un espectáculo público y remunerado a costa de su dolor y sufrimiento”.

Oramas subrayó que “no se puede permitir que se continúe premiando con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas”.

“Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa”, concluyó la diputada de CC, “se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos. Es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas”.