Ana Oramas

El Ministerio de Defensa se ha garantizado la propiedad de 2,5 millones de metros cuadrados junto al aeropuerto de Fuerteventura, en el barrio del Matorral, tras la declaración de la zona de seguridad del acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela. Una instalación de la década de los ochenta que, en su momento, formó parte de la red de centros de acogida de inmigrantes tras la crisis de las pateras y cayucos y que, en estos momentos, se encontraba casi en desuso.

Toda iniciativa presentada por cualquier grupo parlamentario que no sea el Partido Popular está condenada al fracaso. Esa es la máxima que aplica el PP en esta Legislatura en las Cortes Generales, apoyándose en su amplia mayoría absoluta, incluso cuando se trata de propuestas que no admiten disputas políticas. Un ejemplo fue su inexplicable rechazo esta pasada semana a una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con la que se pretendía abrir el debate sobre las inaplazables reformas que se deben acometer para garantizar la protección de los niños y niñas que se enfrentan a un proceso judicial. La respuesta del PP fue un no rotundo.

El último Consejo de Ministros del pasado mes de abril supuso la certificación definitiva de la defunción del programa con el que el Partido Popular logró sumar una impecable mayoría absoluta hace poco más de diecisiete meses. Una mayoría que logró gracias a su firme promesa de que sólo ellos eran capaces de rescatar la confianza dilapidada durante la etapa socialista. Prometieron que llamarían a las cosas por su nombre, que la curva ascendente del desempleo se quebraría y volvería a crecer el mercado laboral, que la prima de riesgo se desplomaría y que con ellos retornaría el crédito y el crecimiento económico.

Apenas han pasado diecisiete meses desde la celebración de las elecciones que auparon a Mariano Rajoy y al Partido Popular al Palacio de la Moncloa. No han transcurrido ni dos años de aquel día en el que la mayoría de los electores decidió entregar el futuro de nuestro país a un partido que les prometió el retorno de la confianza, la creación de empleo y un futuro de prosperidad y progreso económico. Pese a que aún no hemos cruzado el ecuador de la legislatura, ya nada queda de las vanas promesas de entonces.

El Partido Popular vetó la semana pasada en el Congreso una iniciativa en la que se exigía al Gobierno que mantuviese su apoyo al Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en las corporaciones locales. Los populares evitaron con su voto en contra que prosperase una propuesta necesaria para garantizar el único apoyo en el que se sustentan cada vez más familias.

Ya no cabe discusión intelectual sobre el rumbo de la política económica y bancaria en el área del euro. Lo que antes podía definirse, y todos defendimos, como una asociación entre iguales, los integrantes de la familia europea, una comunidad sellada por la coincidencia de intereses y principios, hoy es simplemente un grupo mal avenido de acreedores y deudores, en el que los primeros imponen las condiciones a los segundos en estricto sustento de sus prioridades a corto plazo.

Hoy hemos presentado una declaración conjunta presentada por la mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP y UPyD, en contra de la reforma local que ultima el Gobierno