Después de más de dos años de soledad buscada, de no querer escuchar a los otros y gestionar el país con el único apoyo de los suyos, el Gobierno del Partido Popular ha entendido que su aislamiento parlamentario era insostenible. En un giro que casi todos demandábamos, pero que el presidente Mariano Rajoy se resistía a dar, el PP optó en el debate sobre el estado de la nación celebrado esta semana por abandonar su incomunicación y abrir el diálogo con el resto de los partidos en el debate de las resoluciones que todos presentamos con el propósito de corregir las políticas desacertadas del Ejecutivo y plantear alternativas.

Tras una intensa negociación, los nacionalistas canarios logramos no solo el apoyo del Partido Popular sino de todo el Congreso para que prosperasen dos resoluciones en las que exigimos un compromiso más firme del Gobierno del Estado en la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la distribución de los fondos para políticas activas de empleo y formación entre las Comunidades Autónomas más castigadas por el paro, entre ellas Canarias.

La resolución sobre empleo –aprobada por unanimidad- insta al Gobierno del Estado a garantizar que los fondos destinados al impulso de la creación de empleo, políticas activas de empleo y formación de los trabajadores en Canarias sean consecuentes con las cifras de personas desempleadas en las islas, y con el cumplimiento de los objetivos acordados por todas las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Seguridad Social. Y también establece que “dado el elevado índice de paro entre los jóvenes de Canarias, insta al Gobierno a que garantice la máxima aplicación de los fondos para empleo juvenil, todo ello en coordinación con el Gobierno de Canarias”.

La resolución sobre el REF –transaccionada con el PP- reclama al Estado que cierre con el Gobierno de Canarias un acuerdo para la renovación del Régimen Económico y Fiscal que contribuya, fundamentalmente, a la creación de empleo y al impulso de la inversión en el Archipiélago canario, tomando como base la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias el 17 de julio de 2012”.

Los nacionalistas discrepamos de muchas de las políticas del Gobierno del Partido Popular, pero coincidimos en dos cosas fundamentales; coincidimos en que el REF, que va a determinar las políticas con Canarias hasta 2020, debe trasladarse a Europa con una posición única de las fuerzas políticas, los agentes económicos y sociales, así como el Congreso de los Diputados. Históricamente, ese consenso siempre se ha producido y siempre que los presidentes o los ministros de Hacienda han ido a Bruselas a negociar han ido con el apoyo del Parlamento de Canarias y del Congreso de los Diputados.

El otro asunto es el desempleo, que en Canarias afecta al 33% de la población activa y al 62% de los jóvenes menores de 25 años, y los fondos de empleo se deben distribuir entre las Comunidades Autónomas en función de los índices de paro de los distintos territorios.

No sabemos si el repentino giro del Gobierno obedece a una estrategia con fines partidistas, pero lo que sí esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en el Congreso tras dos años de frustración e irritación por la continua negativa del PP y del Ejecutivo a sentarse a dialogar con el resto de los grupos y negar al Parlamento el papel que le corresponde.

Tras reducir el Congreso y el Senado a ser testigos del imparable desfile de reformas y ajustes y contribuir, de esta manera, a la creciente desafección ciudadana hacia la política por la permanente oposición del Gobierno a tender la mano al diálogo, esta semana ha habido un cambio cuyo recorrido desconocemos.

Las dos resoluciones que se aprobaron en el Congreso no son suficientes para solucionar los problemas estructurales que afectan a Canarias, pero sí se sitúan en la senda que se debe trazar para edificar un modelo productivo más sólido que contribuya a generar empleo y rescatar a quienes viven bajo el umbral de la pobreza. Y ese reto requiere de nuevos gestos del Gobierno, de acuerdos de más envergadura que no admiten más dilación, de consensos que contribuyan a afrontar con  más consistencia los obstáculos de la crisis.

En el caso de que no sea así, la política seguirá siendo un problema añadido a una situación económica grave cuya solución exige la existencia de un Gobierno que esté a la altura de una situación tan dramática y un Parlamento que, además de fiscalizar la gestión del Ejecutivo, se erija en un espacio público de diálogo y transparencia que permita recuperar la propia esencia de la política.