Apenas cuatro días después de las elecciones europeas, tan solo unas horas antes de que celebrásemos el Día de Canarias y doce días antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura nos hizo a todos los canarios y canarias el regalo más envenenado que podría recibir nuestra economía y nuestro territorio en plena crisis económica: la autorización a Repsol para realizar los sondeos exploratorios en tres pozos de hasta 5.000 metros de profundidad a escasas millas de la costa de Lanzarote y Fuerteventura.

La multinacional ya cuenta en su poder con la declaración de impacto ambiental favorable y tan solo le resta la autorización final que le debe conceder el mismo Ministerio que ha auspiciado y ha acelerado la tramitación del expediente: el que dirige José Manuel Soria. La respuesta es más que previsible por parte de quien ha dado la espalda a su propia tierra, nos ha cerrado las puertas al diálogo y ha antepuesto los intereses de una sola empresa a los que nos corresponden a los más de dos millones de personas que residimos en las Islas.

El Partido Popular esperó a que se celebrasen las elecciones europeas para emitir la declaración de impacto ambiental y evitar una mayor pérdida de votos en los territorios en los que ha proyectado la realización de prospecciones petrolíferas, entre ellos Canarias, Baleares y Valencia. Este hecho pone en evidencia que el Gobierno del Estado ha manejado los hilos del expediente teniendo muy presentes los intereses electorales del Partido Popular y, lo que es aún peor, intentando acelerar el proceso para evitar un nuevo parón en el caso de que el Tribunal Supremo dé la razón a los argumentos expuestos por el Gobierno canario.

Es la crónica de una decisión más que previsible. Una decisión que el Gobierno ha tomado en Canarias, pese a la fuerte oposición ciudadana, y que, sin embargo, ha aplazado intencionadamente en Baleares ante la presión de los populares de dicho territorio. No les ha importado lo más mínimo que haya aflorado y haya quedado patente su doble lenguaje y el uso de distintas varas de medir en función de las Comunidades en las que gobiernan y aquellas en las que están en la oposición.

Muchas son las preguntas sin respuesta que se acumulan en un contencioso que el Gobierno del Estado se ha empeñado en gestionar sin transparencia y negando a las instituciones canarias y a los propios ciudadanos su acceso a un proyecto que, en el caso de llevarse a cabo, supondrá un antes y un después en la historia de nuestro pueblo. El cheque en blanco que el Gobierno ha puesto en manos de una sola empresa nos obligará a vivir con la amenaza constante de que un vertido destroce de un plumazo la riqueza de nuestro fondo marino, arruine nuestra economía, deje sin acceso a agua potable a los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote y nos obligue a hacer la maleta.

Hemos intentado y seguiremos trabajando en los Tribunales de Justicia para frenar una insensatez que el Gobierno a urdido junto a la petrolera con nocturnidad y sin escrúpulos, e intensificaremos nuestra actividad parlamentaria para seguir desmontando en el Congreso y el Senado las falacias que los populares y la propia multinacional han ido difundiendo sobre la supuesta riqueza que generará para nuestra economía, los empleos que creará en las Islas o la inexistencia de riesgos.

Andrés Ortega denuncia en su obra “Recomponer la democracia” que “los intereses de las empresas son diferentes a los intereses públicos, y el Estado y el Gobierno deben mantener su propio criterio y autonomía frente a ellos”. En este caso, han primado la avaricia de una sola empresa sobre el futuro de toda una tierra en un claro ejemplo de manual de cómo ex directivos de multinacionales se cuelan en los Gobiernos y terminan imponiendo los criterios de sus anteriores empresas. No podemos olvidar que el ex Secretario de Estado de Energía, el mismo que rescató el expediente, había sido directivo de Repsol antes de ser fichado por el Gobierno.

Decía José Ortega y Gasset que “como cada individuo, cada generación, si quiere ser útil a la humanidad, ha de comenzar por ser fiel a sí misma”. Y quienes no han sido fieles a su tierra ni a los ciudadanos a los que representan deben saber que esta batalla no se ha acabado, que no estamos dispuestos a claudicar en una lucha en la que está en juego nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Para salir adelante, necesitamos un proyecto y un esfuerzo colectivo que nos ayude a construir un nuevo modelo energético sostenible que derive en un nuevo modelo económico. Y ese debe ser nuestro reto para dar soluciones a más de dos millones de personas y no dar vía libre a que una sola empresa tenga en su mano el futuro de un pueblo al que, además, se le niega la posibilidad de pronunciarse sobre un proyecto que nadie les prometió en ningún programa electoral.