¿Cómo piensa el Gobierno garantizar el transporte aéreo en Canarias ante la huelga anunciada por el personal de AENA? Esa es la pregunta que desde Coalición Canaria hemos hecho al presidente Rodríguez Zapatero, para que sea respondida en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles.

La alta conflictividad laboral en los aeropuertos españoles pone de manifiesto la necesidad de arbitrar medidas especiales en este materia en aquellos territorios que no tienen otra vía de comunicación rápida con el exterior que no sea la aérea.

El derecho constitucional a la huelga ha de conciliarse con el también constitucional derecho a la libre circulación de personas, sobre todo allá donde un paro laboral puede causar mucho daño, no solo a la movilidad de los canarios, sino a su principal medio de subsistencia: el turismo.

Canarias vive pendiente de la recuperación de la afluencia de visitantes porque es la vía más factible y rápida para detener una crisis económica que amenaza nuestro futuro como nunca ninguna crisis lo había hecho en los últimos cincuenta años.

La recesión no solo ha azotado a España con la mayor destrucción de empleos de toda Europa, sino que ha puesto en evidencia también las debilidades de un sector público agigantado en los tiempos de bonanza y obligado ahora a buscar nuevas formas de eficiencia, entre otras razones para garantizar el empleo de los propios trabajadores públicos y de todos los que dependen del buen funcionamiento de los servicios públicos.

En Canarias la dependencia del sector aéreo ha sido creciente y lo va a ser mucho más en el futuro, sobre todo si queremos que sea una realidad la ansiada plataforma logística intercontinental. De su logro o no va a depender nuestra continuidad en la esfera de los territorios desarrollados. Es por ello que Coalición Canaria prepara nuevas iniciativas para garantizar que la descentralización anunciada de AENA sirva al propósito de mejorar la conectividad interna y externa de Canarias, porque es el autentico cuello de botella de nuestro futuro.

El Gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Canarias no pierda ni un solo vuelo si la huelga llega a materializarse. Y los sindicatos deben demostrar auténticamente su solidaridad con los empleos presentes y futuros que tanto dependen del buen funcionamiento de los aeropuertos.