Diez años después de que el ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, autorizase a la compañía Repsol a realizar prospecciones petrolíferas en nueve zonas delimitadas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno del Estado ha retomado, otra vez de la mano del Partido Popular, un proyecto que en su momento se truncó por la ausencia de los informes de impacto ambiental y por la firme oposición del Ejecutivo socialista y del presidente de Canarias, Paulino Rivero, al no contar con el consenso social y político de las Islas ni con las garantías medioambientales.

El anuncio realizado por actual ministro de Industria, Energía y Turismo de solicitar un estudio de viabilidad de las investigaciones de hidrocarburos es una medida que no sorprende dado que durante la última campaña electoral se pronunció abiertamente a favor de las mismas, pese a la tibia oposición de su partido en Lanzarote y Fuerteventura.

No sabemos con exactitud en qué consiste dicho estudio ni cuál es la hoja de ruta que el Gobierno del Estado se ha trazado –si es que existe- con la compañía petrolera para desbloquear este asunto. Es un aspecto que deberá aclarar sin dilación dado que nos enfrentamos a una iniciativa que exige total transparencia y que debe contar con la participación, desde el primer momento, del Gobierno de Canarias y de los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura. 

El guión que,  nuestro juicio, debe seguir el Gobierno pasa, en primer lugar, porque los canarios conozcamos los informes de impacto ambiental y los riesgos a los que nos enfrentaríamos en el caso de que se dé luz verde a las prospecciones. Y, por otra parte, que el Ejecutivo desvele cuáles serán los beneficios que reportará a las Islas.

Con estos datos en la mano, tendremos que definir entre todos, y no de manera unilateral, la decisión más acertada para el futuro de Canarias.

Nos enfrentamos a unas prospecciones que, en 2004, fueron anuladas por el Tribunal Supremo por carecer de los informes de impacto ambiental y cuyo expediente fue trasladado por primera vez en 2006 al entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, tras un recorrido de más de cinco años en los despachos de Madrid. Un lustro tardó el Gobierno en trasladar al Ejecutivo autonómico un expediente que fue rechazado por Adán Martín por el poco rigor de los informes y la ausencia de consenso social y político.

Debe tomar nota el Gobierno de los errores cometidos en el pasado y consideramos que su obligación es actuar con la máxima transparencia y rigor junto a las administraciones públicas canarias, que deben estar presentes desde el primer minuto en un asunto que afecta directamente a nuestro modelo económico.

Los canarios reclamamos que haya consenso social y político con las instituciones canarias y que antes de cualquier activación del expediente se faciliten los informes medioambientales y de riesgo y que, independientemente de lo anterior, se sepa también qué beneficio supondría para los canarios, porque los peligros y los riesgos los conocemos, pero las ventajas no. ¿Está dispuesto el Gobierno a modificar la actual Ley de Hidrocarburos para que las Islas se beneficien de todas las extracciones en el subsuelo marino que se lleven a cabo en nuestro mar?

Mientras se reabre el debate en Canarias, multinacionales de distintos países realizan prospecciones similares en las aguas territoriales marroquíes e, incluso, saharauis (en contra del derecho internacional) con el  beneplácito del Reino de Marruecos. Y en este caso, más preocupante si cabe, tampoco sabemos si el Gobierno de España ha solicitado a Rabat información sobre si las mismas cumplen los requisitos medioambientales o si ha denunciado ante Naciones Unidas la manifiesta ilegalidad cometida por Marruecos en la concesión de permisos en aguas saharauis que no le pertenecen.

Este es un asunto que seguiremos, día a día, en el Congreso de los Diputados para exigir total transparencia, diálogo con las administraciones canarias y que el acuerdo que se adopte sea el más beneficioso para las Islas.