El informe sobre “La infancia en España”, elaborado por UNICEF, ha puesto cifras a una realidad que duele. La radiografía de las secuelas de la crisis en la infancia arroja unos datos que han generado un enorme impacto social. Más de dos millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza en España. Nos cruzamos con ellos a diario y, pese a tratarse de una estampa tan cruel, hasta ahora ha permanecido prácticamente invisible en el discurso político y social.

La pobreza tiene rostro de niño. Lo saben los padres que, afectados por la crisis, son incapaces de atender a sus hijos. Lo conocen quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales que se esfuerzan a diario en atender a quienes más lo necesitan. Y ahora es una realidad que, tras muchos años oculta, sale a la luz con unas cifras que nos afligen.

Dice el informe que “los niños sufren la crisis en los hogares cuando sus progenitores se quedan sin trabajo y sin ingresos, cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuando, a consecuencia de los menores ingresos familiares, se empobrece la calidad de su alimentación, cuando se deteriora el ambiente familiar o cuando no pueden costearse tratamientos médicos no incluidos en los sistemas públicos. Pero también repercuten en ellos las decisiones políticas de reducción del gasto público en ayudas a las familias, en becas escolares de comedor o libros de texto, y no son ajenos al impacto de las decisiones generales en materia de impuestos y deuda pública, o a las reducciones de presupuestos destinados a servicios sociales, educativos o de salud”.

Esta semana, tras conocerse el informe, decidí asumir todas las propuestas que UNICEF plantea al Gobierno del Estado y presentar una proposición no de ley en la que solicito que se elabore un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil que permita una acción coordinada, transversal, complementaria y eficaz de las administraciones públicas.

El Gobierno debe proteger de los recortes aquellas inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y la protección. Ámbitos que son imprescindibles para el ejercicio de derechos y el bienestar de los niños, para evitar la discriminación, para promover la igualdad de oportunidades, y para un crecimiento equitativo y sostenible.

Con carácter vinculante, se debe efectuar un informe de impacto sobre la Infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del Informe de Impacto de Género, que establece la Ley de Igualdad. Un documento que tenga en cuenta los principios del interés superior y de no discriminación reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española.

Y, por otra parte, se deben poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias. Mecanismos que vigilen los efectos en la pobreza en el acceso a los servicios esenciales.

Todas estas medidas forman parte del paquete de propuestas que ha entregado UNICEF al Gobierno para que sean ejecutadas durante la presente Legislatura. Medidas entre las que también figura la necesaria revisión del modelo social de apoyo a las familias y a los niños que ofrezca un nuevo enfoque a los sistemas generales de servicios, prestaciones, trasferencias públicas, impuestos y desgravaciones fiscales a las familias, de manera que proporcionen una protección mayor a los niños y tengan un mayor impacto en la reducción real de la pobreza infantil.

Los ajustes no pueden frenar el avance hacia la universalización de una educación de 0 a 3 años de calidad, gratuita para las familias con menos recursos y asequible para el resto. Y tampoco se pueden mutilar aquellas iniciativas para favorecer el empleo de las personas con hijos e hijas menores a su cargo. mediante políticas activas y de conciliación de la vida laboral y personal, con especial atención a las familias con ambos progenitores desempleados.

Tampoco podemos ralentizar el refuerzo de organismos como el Observatorio de Infancia y la potenciación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, tanto en sus recursos como en su capacidad de consensuar y establecer cauces de coordinación y cooperación entre sus responsables.

Espero que esta iniciativa pueda ser consensuada con el resto de los grupos parlamentarios y sea aprobada en el Congreso. Los ciudadanos no entenderían que un asunto tan sangrante como éste sea pasto de la eterna confrontación política de los principales partidos.

Marta Arias, Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en UNICEF España, señala en un  artículo que publica esta semana en El País que “no es una cuestión de colores políticos. Ni en los buenos ni en los malos tiempos hemos sido capaces de rebajar los niveles de pobreza infantil ni de generar un sistema suficientemente sólido de protección social para abordarla. Pero esto constituye precisamente una gran fuente de oportunidad: en tiempos difíciles, tenemos que ser capaces de alcanzar algunos consensos básicos entre los cuales la infancia tendría que ocupar un lugar preferente”.

El artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño establece que “los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Sin embargo, la crisis ha alejado aún más la realidad de los objetivos de la convención. Sólo en los últimos dos años, se ha incrementado en 205.000 los niños que viven bajo el umbral de la pobreza en España.

El primer ministro de Suecia dijo que “la calidad de un país se mide en la forma en que trata a su infancia”. La nuestra está muy dañada. Más de dos millones de niños y niñas pobres viven un presente asfixiante y a nosotros nos corresponde ofrecerles un futuro.