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“No hay que ser pesimista ni tener esperanza”. Esta afirmación de Leonard Cohen  define la percepción generalizada que existe entre aquellos que saben –cada vez despierta menos interés- que la próxima semana se celebrará en el Congreso un nuevo Debate sobre el estado de la Nación. Una cita a la que acude el presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, tras atravesar el ecuador de la legislatura, y en la que tendrá que justificar sus políticas, sus promesas incumplidas y las acciones que llevará a cabo a partir de ahora.

Pese a que pocos esperamos que haya un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno, la realidad es que se trata de una convocatoria política que, en el caso de que sea afrontada por el Ejecutivo sin arrogancia y abierto a encontrar puntos comunes, podría ser de enorme interés para los ciudadanos y, en nuestro caso concreto, para perfilar las políticas de futuro que afectan a Canarias.

El Partido Popular ha cubierto más de la mitad del recorrido de esta legislatura en solitario y es el momento de que el presidente Rajoy analice los compromisos que adquirió con las Islas, no durante la campaña electoral, que los ha incumplido todos, sino en su debate de investidura y tras su llegada al Palacio de la Moncloa.

Ha llegado la hora, tras demasiadas excusas, de que el presidente del Gobierno acuda al Congreso y despeje las dudas que existen con respecto a decisiones que mantiene sobre la mesa y que debe desbloquear cuanto antes para facilitar el tránsito de Canarias hacia el crecimiento económico y la sostenibilidad de sus servicios públicos. Me refiero concretamente a una reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que facilite la creación de empleo estable y de calidad y, por otra parte, establezca los cimientos para el cambio de modelo productivo o, por ejemplo, la definición del nuevo modelo de financiación autonómica.

Como siempre hemos hecho, los nacionalistas canarios acudiremos a este debate con la responsabilidad que supone para nosotros ser la única voz que pondrá el acento sobre los problemas que afectan a las Islas. Otros, no lo harán. Con la responsabilidad de exigir al presidente del Gobierno que revele cuál será su hoja de ruta con respecto a aquellas promesas que no ha cumplido con las Islas y que, tras más de dos años de gestión, debe reincorporar a su agenda política. De ahí la importancia de que Canarias cuente en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, con una voz nacionalista en la escena política estatal.

Es cierto que enfrente tendremos a un Gobierno que seguramente volverá a apoyarse en su mayoría absoluta para seguir aferrándose a la política de imposiciones unilaterales a la que recurre incesantemente para implantar sus reformas ideológicas  y dar luz verde a sus ajustes presupuestarios. Un Gobierno que escucha poco –o nada- al resto de los grupos políticos y que afronta esta legislatura con la certeza equivocada de que hace poco más de dos años recibió un cheque en blanco de los ciudadanos para hacer y deshacer en apenas cuatro años lo que nos ha costado levantar durante casi cuatro décadas.

Un Gobierno que, previsiblemente, volverá a centrar su discurso en asegurarnos que nos adentramos en un cambio de ciclo y que, tras el devastador paisaje que ha quedado tras dos años de destrucción, nos acercamos a un proceso de recuperación económica. Una recuperación que, desgraciadamente, tan solo se percibe en los asientos contables de las empresas que cotizan en el Ibex, en las grandes fortunas y en la banca rescatada con fondos públicos.

Nosotros exigiremos que el Gobierno corrija una constante que se repite en cada presupuesto y que los expertos del Ministerio de Hacienda han reconocido públicamente: las Islas se encuentran entre los territorios peor financiados. Demandaremos que se rescaten los planes de empleo que han sido amputados, que se defina el reparto entre las distintas comunidades autónomas de los recursos que ha comprometido la Unión Europea para combatir el desempleo juvenil o, por ejemplo, que ponga fin a su política selectiva de recortes en la que favorece a los territorios gobernados por el PP y discrimina al resto de las Comunidades.

Esperemos que el Gobierno haya aprendido de los errores cometidos en el pasado y estrene una nueva etapa en este Debate sobre el estado de la Nación en la que escuche las propuestas del resto de los grupos parlamentarios y acepte las resoluciones que presentaremos para subsanar los errores cometidos e impulsar políticas que sirvan para favorecer el crecimiento, generar empleo, proteger derechos sociales y laborales y mantener intacta la estructura de servicios públicos.

 

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