Primero suprimieron la bonificación de las tasas aeroportuarias y dejaron a cero el presupuesto del plan especial para la rehabilitación de los espacios turísticos obsoletos. Después redujeron, año tras año, las partidas destinadas a los convenios de carreteras, obras hidráulicas, vivienda, etcétera, hasta cifras tan reducidas que será inviable la ejecución de muchos de los proyectos programados y otros tendrán que ser paralizados. Y para 2014 nos reservan una nueva sorpresa: la suspensión del Plan Integral de Empleo de Canarias, una de las principales conquistas de las Islas en Madrid.

A ello hay que sumar una larga lista de incumplimientos como la reducción de la subvención al transporte de mercancías, el rescate del certificado de residente, la no inclusión de los núcleos canarios en la nueva Ley de Costas, el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), la apuesta por las prospecciones petrolíferas y la congelación de los proyectos de energías renovables, la ausencia de una política que garantice la conectividad aérea y marítima o, por ejemplo, los planes expansivos del Ministerio de Defensa en Fuerteventura.

Mariano Rajoy no ha cumplido en casi dos años de legislatura los siete compromisos que adquirió con Canarias en su discurso de investidura. Pese a su supuesto conocimiento de la realidad insular, y la presencia de un canario en el Consejo de Ministros, esta Legislatura lleva camino de convertirse en el periodo más nefasto para las Islas. Nunca antes, en tan corto periodo de tiempo, habíamos sido desposeídos de tantos derechos creados e incorporados a la legislación para garantizar la cohesión social y territorial, además del trato especial a un territorio que es diferente.

Canarias sigue estando a la misma distancia de la Península, a más de 1.000 kilómetros de Cádiz, pero las decisiones políticas nos sitúan cada vez más lejos de un territorio cada vez más inalcanzable para las empresas canarias, cada vez menos accesible para los propios canarios. No se trata de mendigar al Gobierno lo que no nos corresponde ni exigir más ayudas en una etapa marcada por los fuertes ajustes presupuestarios. Se trata de denunciar y exigir que cumplan su palabra a quienes fueron elegidos por los ciudadanos canarios en las elecciones del pasado día 20 de noviembre de 2011 y que, con su voto, apoyan cada semana, tanto en el Congreso como en el Senado, todas aquellas decisiones que vulneran los derechos más esenciales de Canarias.

Exigirles que no se sigan ocultando en sus escaños, que tengan la valentía de dar la cara ante quienes confiaron su palabra y que, cuando menos, tengan el coraje de plantar cara a su propio partido y exigirles lo que sí han tenido las agallas de reclamar sus compañeros de Baleares. Nosotros seguiremos cumpliendo nuestro trabajo y reclamando lo que nos comprometimos durante el periodo electoral. Presentaremos las enmiendas que sean necesarias al articulado, pero antes, el próximo día 19 de octubre, defenderé una enmienda a la totalidad para que el Congreso devuelva los Presupuestos al Gobierno y éste corrija aquellas partidas que nos condenan a sumar un año más sin políticas concretas que den un respiro a los ciudadanos y fomenten la recuperación de la economía.

Queremos que Canarias figure en lo más alto de la agenda del Gobierno del Estado y que no sufra los efectos colaterales de los acuerdos que el Ejecutivo del Partido Popular está negociando a escondidas con otros territorios. Sólo queremos que respeten nuestros derechos, que el Estado nos aporte lo que nos corresponde y que nos dé herramientas para recuperar la esperanza. El resto del trabajo, nos corresponde a nosotros.