La semana pasada asistimos en el Congreso a un nuevo ejercicio de ausencia de diálogo y desinterés absoluto por parte del Gobierno del Estado con respecto a las propuestas alternativas planteadas por la totalidad del resto de grupos parlamentarios. El Ejecutivo que preside Rajoy y el Partido Popular volvieron a quedarse solos, con el único apoyo de un diputado de la oposición, en su defensa numantina de unos Presupuestos en los que vuelve a retomar las mismas recetas que han fracasado en su nefasta gestión de la crisis: más recortes, menos incentivos y, en el caso de Canarias, la defunción certificada de muchos de los derechos que tantos años nos costó consolidar como compensación por nuestra insularidad y lejanía.

Este Presupuesto, como los dos anteriores, vuelve a dar la espalda a los canarios, y ratifica, por tercera vez, el desinterés, cuando no el desprecio, por los problemas y demandas de los más de dos millones de ciudadanos que viven en las Islas. Y las decisiones políticas tienen consecuencias políticas. Una de ellas, la creciente desafección de Canarias respecto al Estado español.

El Gobierno se ha empleado a fondo en quebrar la cohesión entre los diferentes territorios que conforman el Estado. Y estos presupuestos son la prueba: suponen una involución en derechos sociales, en prestaciones públicas, en Educación y Sanidad, y un nuevo revés para colectivos de especial sensibilidad como el que representan los pensionistas y los desempleados, entre otros.

No incluye ninguna de las medidas que debería contener un presupuesto en esta grave coyuntura y que son: estímulos a la dinamización, inversión productiva, oportunidades de trabajo, y una clara apuesta por la educación, las políticas de I+D, la sanidad y la atención social, como han hecho otros Estados europeos incluso en medio de la recesión. Lo fían todo a una brutal devaluación interna y a unos recortes que no respetan la inversión ni las políticas sociales.

El Gobierno podrá seguir defendiendo y haciéndonos creer que en 2014 saldremos de la crisis sin crear empleo. Un milagro retórico con el que el Gobierno se deleita, pero que es ajeno a los millones de desempleados, a una clase media devastada, a los pequeños y medianos empresarios asfixiados, a sistemas públicos de sanidad y educación que se están quedando en los huesos.  Una retórica milagrera que es una burla para los cientos de miles de canarios en paro y para un pueblo que ve cómo se hunden las políticas y acuerdos entre Madrid y Canarias que posibilitaron, responsablemente, el desarrollo de nuestras islas en las últimas décadas.

Como publicaba Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, en un reciente artículo, está claro el mensaje que nos quieren lanzar a los canarios: “Arréglatelas como puedas”. Y ese mensaje nos está haciendo reflexionar sobre si es el momento de buscarnos la vida. Porque el recadito que nos mandan continuamente dice: «Me dan igual tus problemas, yo tengo otros que son más importantes». Un ejercicio de irresponsabilidad e incumplimiento de las obligaciones del Gobierno con un territorio al que condenan a más desempleo, menos cohesión territorial y más pobreza. Y Canarias no es el patio trasero donde pueden acumularse los resultados de la nefasta gestión del Gobierno del Estado sin que ocurra nada.

La lista de incumplimientos con Canarias es bastante extensa, y aún no hemos cruzado el ecuador de esta Legislatura. Primero, suprimieron la bonificación de las tasas aeroportuarias y dejaron a cero el presupuesto del plan especial para la rehabilitación de los espacios turísticos obsoletos. Después redujeron, año tras año, las partidas destinadas a los convenios de carreteras, obras hidráulicas, vivienda, etcétera, hasta cifras tan reducidas que será inviable la ejecución de muchos de los proyectos programados y otros tendrán que ser paralizados. Y para 2014 nos reservan una nueva y macabra sorpresa: la suspensión del Plan Integral de Empleo.

A ello hay que sumar un larguísimo inventario de despropósitos como la reducción de la subvención al transporte de mercancías, el rescate del certificado de residente, la no inclusión de los núcleos canarios en la nueva Ley de Costas, el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), la apuesta por las prospecciones petrolíferas y la congelación de los proyectos de energías renovables, la ausencia de una política que garantice la conectividad aérea y marítima…

El presidente Rajoy ha tenido dos años para cumplir siquiera alguno de los siete compromisos que adquirió con Canarias en su discurso de investidura. Dos años. Pero pese a su supuesto conocimiento de la realidad insular, esta Legislatura lleva camino de convertirse en el periodo más nefasto para las Islas. Nunca antes, en tan corto periodo de tiempo, habíamos sido desposeídos de tantos derechos.

Canarias sigue estando a la misma distancia de la Península, pero las decisiones políticas nos separan más que el mar; nos sitúan cada vez más lejos de un territorio inalcanzable para las empresas canarias, cada vez menos accesible para los propios canarios. Los canarios  somos solidarios y respetuosos; no estamos para pedir lo que no nos corresponde, ni exigir más ayudas en una etapa de fuertes ajustes presupuestarios. Y nuestra obligación, aunque le disguste tanto al PP, es denunciar y exigir que cumplan su palabra y respeten nuestros derechos a ser tratados, cuando menos, en igualdad de condiciones.