Eran poco más de las nueve de la noche del pasado martes cuando 172 diputados del Partido Popular impidieron con su voto en contra que prosperase en el Congreso una iniciativa de la Izquierda Plural en la que reclamaba una tregua invernal para que las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de electricidad y gas a aquellas familias sin recursos económicos y garantizar, de esta manera, su acceso a los servicios de calefacción y agua caliente.
La diputada que defendió la Proposición de Ley rogó que “por favor” se admitiese a trámite la misma, pero fue imposible que el PP abandonase, pese al drama que se vive en millones de hogares, su actitud de indiferencia y la soberbia que le impide aceptar las propuestas que planteamos los grupos de la oposición. Solo unos minutos antes, en la misma sesión plenaria, los diputados populares habían dado carpetazo a otra iniciativa para proteger a aquellos parados de larga duración que se han quedado sin el subsidio de poco más de 400 euros que percibían hasta que el Gobierno decidió modificar las condiciones de acceso al Plan Prepara.
Ni existe voluntad política ni la valentía necesaria por parte del Partido Popular para defender el interés general de los ciudadanos frente al inaceptable corporativismo de las empresas eléctricas. Y ello provoca que seamos testigos de sesiones plenarias como la que vivimos el pasado martes en la que se desacredita el papel que debe desempeñar un Parlamento y se condena al Congreso a ser, semana tras semana, el escenario de un desfile frustrante de iniciativas en las que planteamos alternativas a las políticas que impone el Gobierno y que, en la inmensa mayoría de los casos, son laminadas sin pudor por la mayoría absoluta del PP.
¿Cómo puede justificar el PP su oposición a que las empresas eléctricas no corten el suministro de la luz a familias sin recursos en un país en el que, según Cruz Roja, unos cuatro millones de personas son incapaces de pagar la factura energética para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para poder hacerlo? ¿Cómo puede el PP mirar hacia otro lado cuando alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz en 2012 por impago el año pasado en nuestro país, más del doble que antes de la crisis?
Con la llegada del invierno una de las principales inquietudes de muchas familias es mantener la casa a una temperatura adecuada. Un quebradero que sufren cada vez más familias por la pérdida de su puesto de trabajo o la reducción de sus salarios. Y las consecuencias son dramáticas para muchas de ellas. Las cifras son escalofriantes: entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno porque en la vivienda no hay una temperatura adecuada, muchísimo más que las 1.400 muertes prematuras por accidentes de tráfico.
Apenas habían transcurrido poco menos de 48 horas de la votación en el Congreso cuando las compañías eléctricas celebraron una subasta que suponía un incremento del recibo de la luz de un 11 por ciento. Subasta que fue invalidada la madrugada del viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) amparándose en “circunstancias atípicas” que deberán ser aclaradas cuanto antes por el Gobierno si no quiere dar un nuevo paso en la dirección contraria a la senda de la transparencia y el rigor que reclaman los ciudadanos.
Lo que suceda a partir de ahora es toda una incógnita. El ministro de Industria negó hasta en tres ocasiones que la factura de la luz fuera a subir en el primer mes del 2014 y las promesas que realice el Gobierno estarán marcadas por las dudas que siempre existen con respecto a la veracidad de sus compromisos.
Por mucho que quiera ocultarla, la verdad siempre termina aflorando. Y aunque el Gobierno tuerza constantemente sus argumentos y use información selectiva para maquillar el paisaje de la realidad, los datos son incontestables: España tiene la tercera electricidad más cara de Europa y ello, unido a los efectos de la crisis, provoca que siga aumentando el porcentaje de hogares cuyos miembros se ven condenados a vivir en unas condiciones inaceptables.
En el fondo de este drama al que otros países, como Reino Unido, Francia o Alemania, han puesto remedio para proteger a sus respectivos ciudadanos subyace el problema estructural de siempre: la ausencia de una política energética responsable y, en el caso de Canarias, la hecatombe de una gestión que se aleja de las energías renovables pese a que su coste sería más reducido y tendría un efecto menos nocivo sobre el bolsillo de los canarios. El tiempo pasa y los efectos se multiplican mientras el Gobierno, parafraseando a Goethe, actúa con la insensatez de quien deja transcurrir el tiempo estérilmente.
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