Coalición Canaria ha podido pactar esta semana con el Gobierno español la inclusión de diez enmiendas a la nueva Ley de Extranjería que se  tramita en el Congreso.

Damos así una respuesta eficaz, sobre todo, al problema del estancamiento en Canarias y Andalucía de la mayoría de menores inmigrantes no acompañados que llegan a nuestras costas y están condenados a  permanecer internados hasta la mayoría de edad en unas condiciones poco deseables para estos niños y, por otra parte, muy gravosas para las comunidades autónomas que los acogen.

Era necesario articular normativamente un sistema que permita la distribución de estos menores en toda la geografía nacional y la posibilidad de un traslado más fácil a cada una de las ONG de acogida.

Hasta ahora, en el trato a estos miles de niños convergen dos administraciones: el Estado es el competente sobre todo lo referente a inmigración, mientras las comunidades autónomas son las responsables de todos los menores en situación de desamparo.

El hecho de que la mayoría de estos menores lleguen a España a través de Canarias y Andalucía ha producido su “embalsamiento” en ambas comunidades, con perjuicios para ellos y con un alto costo organizativo y económico para ambas comunidades autónomas.

Con las enmiendas pactadas se hace posible una derivación con garantías hacia otras comunidades autónomas, que hasta ahora acogían o no a los menores en función de la sensibilidad con el problema  de cada una.

 Con la nueva Ley, los menores inmigrantes no acompañados pasan a ser una cuestión de Estado; de forma que el Gobierno de España ya no puede inhibirse de este tema  en el marco de su política migratoria. No es razonable permitir que determinados territorios del Estado afronten en solitario un reto que puede desbordarles y que va a tener un impacto global sobre España y la Unión Europea; también obligada a acogerlos en el futuro si el fenómeno persiste. Y así es previsible que sea tanto en España como en Gracia e Italia, sobre todo.

El superior interés del menor nos obliga a que se habiliten los mecanismos para que su integración se produzca en las mejores condiciones posibles. Y eso exigía profundizar y ordenar el esfuerzo compartido por todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

Con las enmiendas pactadas con el Estado, no solo articulamos un sistema fluido de derivación entre comunidades autónomas y una financiación adecuada del Estado.

También facilitamos que las Comunidades Autónomas celebren convenios con los países de origen, que permitan que la atención e integración social de los menores se produzca en su entorno geográfico de procedencia. Todo ello partiendo del carácter prioritario que siempre debe tener el interés del menor y estableciendo las debidas medidas de seguimiento.

Nuestras enmiendas permiten una colaboración más efectiva entre el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y las ONGs dedicadas a la protección de menores, de cara a facilitar la mejor atención posible. Para ello, se arbitra la posibilidad de que las ONGs puedan asumir la tutela ordinaria de estos menores al amparo de convenios de colaboración suscritos.

También facilitamos la  posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acordar entre ellas la transferencia de la tutela y custodia de los menores.  Y solo en el supuesto de que estos acuerdos bilaterales no eviten la saturación será necesario que el Estado distribuya entre las regiones a los niños inmigrantes.

No descartamos que a lo largo de la tramitación del proyecto podamos seguir mejorando otros aspectos de la Ley. Pero estamos particularmente orgullos de nuestro trabajo en este campo, en el que hemos podido contar con la experiencia acumulada por los hombres y mujeres del Gobierno de Canarias que conviven día a día con el problema, cuyos aportes han sido fundamentales para que la nueva Ley de Extranjería dé, por primera vez, una respuesta razonable a los más desprotegidos y débiles en el doloroso fenómeno de la inmigración a la desesperada.