Artículo publicado en El Huffington Post
El día 19 de septiembre, hace apenas una semana, la asociación de afectados por el vuelo de Spanair JK5022 se despertó con el inesperado y frustrante archivo de la causa judicial por parte de un juez de la Audiencia de Madrid. Un nuevo traspié en el arduo camino que han recorrido desde aquel fatídico accidente ocurrido en Barajas el día 20 de agosto de 2008 en un vuelo que cubría la ruta con Gran Canaria.
En ese vuelo, que nunca debió despegar, perecieron 154 personas y sobrevivieron 18 (15 adultos y 3 niños). Familiares de las víctimas y supervivientes formaron, tras velar a los fallecidos, una asociación, y durante más de cuatro años han trabajado de manera incansable para encontrar una respuesta a los siguientes interrogantes: qué pasó, qué falló en el avión, qué hubiera evitado la tragedia y qué errores técnicos, humanos, legales y de supervisión fallaron aquel 20 de agosto. Y, una vez recabada toda la información, verificar qué cambios habría que hacer y qué responsabilidades habría que cumplir para que nunca, nunca más, vuelva a suceder un hecho similar. Este último objetivo es -y me consta- su principal obsesión. Por eso, se aferraron con una fe ciega a la Justicia para encontrar en ella la respuesta y el apoyo que les permitiera estar en paz con ellos mismos y en paz con el recuerdo de las víctimas.
Lamentablemente, no ha sido así. El tortuoso camino que han tenido que recorrer, muchas veces en solitario y sin el apoyo que anhelaban, se ha frustrado por una decisión incomprensible y por el archivo de una causa que deja tras de sí muchos interrogantes y muy pocas certezas. Una frustración que no frenará a una asociación que ya ha anunciado que buscará fuera de España la respuesta que aquí le han negado.
Conozco, porque así me lo ha hecho llegar la asociación, los peritajes e informes que, con grandes dificultades económicas y con pocas facilidades, han puesto en conocimiento del juez y de los responsables policiales y aeroportuarios tanto actuales como anteriores. Y en ellos queda claro que el accidente se produjo por la suma de muchos errores, de muchas faltas de controles y que, por tanto, no hay una sola responsabilidad sino que fue la suma de ellas la que lo desencadenó. Una cadena que se repite en la inmensa mayoría de las catástrofes aéreas.
La diferencia con otros sucesos es que, en este caso, ni la Justicia ni las autoridades aeronáuticas han asumido su papel para dirimir responsabilidades y, sobre todo, para sentar las bases para impulsar los cambios normativos que se precisan ni tampoco para la dotación del personal necesario en los órganos inspectores, la independencia de los mismos, etcétera. En definitiva, una nueva hoja de ruta para que, después de un accidente como éste, se establezca el protocolo más riguroso posible para evitar que en un futuro seamos testigos de una nueva tragedia por las mismas razones.
No olvidemos que el 5 de junio de 2007 hubo un aviso previo en un MD-83 que sufrió un incidente similar en Lanzarote; no olvidemos que hubo otro accidente por la misma causa en Detroit en 1987 en el que también perecieron 154 personas. Y esto es inadmisible. Como inadmisible fue el acoso al que se sometió a los familiares por parte de abogados sin escrúpulos, aprovechándose de que en España no existe una normativa que regule su protección ante las aseguradoras y letrados durante el periodo de conmoción. Una normativa que sí existe en otros países.
Se trata de un asunto sobre el que tengo una sensibilidad especial. No sólo porque muchos de los que murieron eran canarios; no sólo porque conozco a Pilar Vera, presidenta de la asociación; no sólo porque he mirado a los ojos a varios de los supervivientes y a aquellos que perdieron a un familiar o amigo sino también porque viví una experiencia que me marcó en 2007.
Siendo alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), en aquel año se conmemoró por parte del Parlamento holandés, en un acto solemne con la presencia de la Familia Real de aquel país, el 30 aniversario de la mayor tragedia aérea de la Historia, ocurrida en el aeropuerto de Los Rodeos, en la que fallecieron 583 personas tras el terrible choque de dos jumbos de las compañías KLM y PanAm.
Con motivo de dicho aniversario, el presidente de la asociación de las víctimas holandesas, Jan Groenewoud, que perdió a siete familiares, me visitó acompañado por el embajador de este país en España. Querían celebrar un acto en la ciudad de La Laguna, donde ocurrió la catástrofe, y contar con un espacio permanente de recuerdo y paz. Construimos un parque precioso en una montaña de la ciudad y celebramos un acto al que asistieron 400 estadounidenses y holandeses, tanto víctimas como supervivientes. Fue un día de recuerdo, emoción y paz, mucha paz.
Ojala que algún día los familiares, los supervivientes y las víctimas del JK5022 puedan recuperar esa misma dignidad, justicia y paz que un juez, archivando su causa, les ha arrebatado.
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