A la vuelta del verano nos hallamos con la mismas incertidumbres que antes –o peores– sobre el futuro de la economía y el empleo en España.
En Canarias tenemos motivos, si no para el ingenuo optimismo, sí para ser menos pesimistas que en la Península.

Ello, por dos factores sobre todo: el mejor comportamiento del empleo en las islas y la solidez de las cuentas del Gobierno de Canarias, una de las cinco comunidades autónomas (junto a País Vasco, Aragón, La Rioja y Madrid) que cumplen a 30 de Junio los objetivos de déficit presupuestario. Es decir, una de las pocas que no está echando más leña al fuego del descredito del país en los mercados de la deuda.

O dicho de otra forma: si la gran mayoría de las comunidades autónomas mantuvieran el equilibrio de sus cuentas como Canarias, la presión que amenaza a nuestra deuda soberana (el peligro de un «rescate» como el de Grecia, Portugal o Irlanda) estaría mucho más lejano.

El Gobierno de Canarias ha demostrado ponderación y mesura en el gasto público, sigue teniendo uno de los endeudamientos más bajos de España y dispone en la recámara de una capacidad fiscal propia con la que no cuentan otros territorios cuando se vaya estrechando el recurso al endeudamiento.

Este pequeño recuento de hechos nos demuestra que a Canarias no le hacía falta que viniera la Constitución a atar a su principal administración de pies y manos si un día necesita ir a los bancos a cubrir sus necesidades de financiación, como hace cualquier familia o empresa. Coalición Canaria ha sido tan rigurosa en los últimos quince años como para no permitir que el Gobierno de Canarias se acerque a la bancarrota, como ocurre en otras administraciones.

La reforma constitucional que PSOE y PP se han sacado de la manga de la noche a la mañana es un recurso para tratar de disciplinar a sus barones territoriales y a los futuros ministros de Hacienda; así como para intentar convencer a los llamados mercados de que España va a ser un buen pagador en el futuro, aunque en estas semanas han hecho oídos sordos, como no podía ser de otra manera. Porque será en el desarrollo legislativo de la reforma cuando se atarán los numerosos cabos que ahora quedan sueltos.

Hay un peligro en el conjunto de las administraciones. Mientras la fuerte caída del empleo (mucho mayor que la del PIB) ha elevado la productividad de las empresas, mejorando su competitividad en el exterior e interior, la caída presupuestaria en unas administraciones con alta rigidez laboral, deja a los funcionarios sin recursos con los que producir bienes públicos; es decir, va a deteriorar su productividad, sobre todo cuando se reduce tanto el recurso al endeudamiento.

Este va a ser uno de los retos del futuro. Porque los tipos de interés de nuestra deuda pública son ahora el problema más agobiante, pero no el más importante de los que tenemos por delante.