Las reformas que está impulsando el Gobierno del Estado siguen en la inmensa mayoría de los casos el mismo guión: asigna nuevas competencias a otras administraciones sin que éstas vayan acompañadas de una ficha financiera. Una constante que ya han tenido que cargar sobre sus hombros las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los cabildos insulares y los propios ciudadanos.

Sin embargo, las administraciones no son las únicas víctimas de esta oleada reformista en la que el Gobierno del Estado adjudica arbitrariamente nuevas competencias a cambio de nada. A las administraciones se suman ahora las Cámaras de Comercio, a las que asigna nuevas funciones en el proyecto de ley que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados.

En el caso de Canarias, el libreto es el mismo en esta nueva iniciativa legislativa. El Gobierno elabora proyectos de ley sin tener en cuenta las especificidades de Canarias ni las políticas especiales que se deben respetar en las Islas para garantizar un trato equitativo y que las empresas canarias puedan competir en igualdad de condiciones. Y esta ley no es una excepción.

Este proyecto mantiene la supresión de la cuota cameral con carácter obligatorio y tampoco prevé ningún tipo de financiación pública, estableciendo que los ingresos de las Cámaras provendrán, fundamentalmente, de los servicios que presten y, en general, del ejercicio de sus actividades.
A pesar de que el Gobierno del Estado resta financiación pública, suma a las Cámaras de Comercio nuevas competencias y funciones de carácter público-administrativo. Obvia el Gobierno el importantísimo papel que desempeñan las Cámaras de Comercio en su tarea de asesoramiento y orientación a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores.

Y si esta situación es preocupante en todo el Estado, lo es aún más en el caso de las Cámaras de Comercio de Canarias, que se verán mucho más afectadas por la eliminación del pago obligatorio y la retirada de la financiación pública. ¿Por qué? Por dos hechos obvios: por su carácter insular y porque su actividad predominante es el turismo.

Frente a Cámaras de tamaño medio o medio/alto como las de Murcia, Alicante, Castellón, Valencia y A Coruña, que sí ingresan la cantidad suficiente sólo en emisión de certificados de origen como para garantizar un porcentaje importante del mantenimiento de su estructura básica, en el caso de Canarias no es así. Los certificados de origen que se emiten en Canarias son escasísimos al poseer una escasa relevancia el sector industrial y la exportación. En el proyecto de ley no se ha tenido en cuenta una obviedad: que Canarias es una región ultraperiférica y el Estado elimina el régimen especial del recurso cameral permanente que se aplica en Islas.

Por tanto, entendemos que la nueva ley, que ahora se está estudiando en el Congreso, debería establecer un tratamiento particular a Canarias, teniendo en cuenta que la insularidad y lejanía condicionan nuestra capacidad industrial y exportadora, por lo que se produce un desequilibrio importante frente al resto de las Cámaras. Es más, si este desequilibrio no se tiene en cuenta, en el peor de los casos, podría suponer, incluso, la desaparición de Cámaras de Comercio centenarias.

También consideramos insuficiente que en la futura Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (actual Consejo Superior de Cámaras) haya un solo representante de las Cámaras por cada una de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, lo cual consideramos insuficiente y creemos que todos los representantes de las Cámaras deberían ser convocados, aunque sea con voz y sin voto.

En definitiva, esperamos que el Gobierno y el Partido Popular rectifiquen y acepten las enmiendas que hemos presentado en las que proponemos una salida para garantizar la financiación de los nuevos servicios asignados a las Cámaras y que, en el caso de Canarias, tenga en cuenta nuestras singularidades territoriales y económicas.