Hoy martes, día 20 de noviembre, se cumple el primer aniversario de la incontestable victoria electoral de Mariano Rajoy. Aunque parezca mentira, sólo ha transcurrido un año desde que los populares accedieron a la Moncloa con la esperanza de que con ellos retornaría la confianza perdida y que sus políticas incentivarían la economía española y crearía empleo.
Lo que se promete en Canarias, no se cumple en Madrid. Esa es la máxima que ha imperado en la política que el Partido Popular ha desarrollado desde que llegó hace casi un año al Palacio de la Moncloa. Todos aquellos proyectos que prometieron que impulsarían en las Islas, en el caso de que llegasen al Gobierno, han ido cayendo uno tras otros con el apoyo y la connivencia de los diputados y senadores canarios del PP.
Tras siete largos años de incertidumbre y más de 22.000 bodas, el Tribunal Constitucional ha dado carpetazo al recurso de la vergüenza presentado por el Partido Popular en 2005 contra el matrimonio homosexual.
Muchas son las fortalezas que acumula nuestro país, pero pocos son los incentivos que articula el Gobierno del Estado para garantizar el futuro de cada una de ellas. Lejos de ofrecer estímulos para superar la encrucijada en la que nos encontramos desde 2008, las recetas que aplica el Ejecutivo para atender a un país que se desmorona sólo incluye sacrificios y ninguna vía para retomar la senda del crecimiento, que el Fondo Monetario Internacional vaticina que no se producirá hasta 2017.
Uno de cada cinco españoles vive bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales de la encuesta de Condiciones de Vida difundida por el Instituto Nacional de Estadística. Un dato que se suma a otro más escalofriante que conocíamos la semana pasada: más de ocho millones de personas recurren en nuestro país a los Servicios Sociales para recibir ayuda.
El pasado mes de junio se aprobaron los primeros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno del PP, por cierto, retrasados por intereses electorales de su partido en Andalucía. Tan sólo seis meses después, todas sus previsiones de ingresos y de déficit se han venido abajo.
¿Se han engañado a ustedes mismos? ¿O Intentaron engañar a los ciudadanos?
Las comparecencias de los altos cargos celebradas esta semana en el Congreso de los Diputados, en las que han tratado de justificar sus cuentas para el próximo año, han servido para constatar la ceguera y su desconocimiento con respecto a la realidad canaria. Muchos han sido los desatinos que hemos escuchado en la Cámara Baja en el desfile de altos cargos, pero el más desafortunado fue el protagonizado por la secretaria general de Transportes, que ha abierto todas las puertas a los ajustes y limitaciones en la subvención al transporte que nos corresponde.
Las recetas que ha plasmado el Gobierno en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 -que ahora inician su recorrido en las Cortes Generales- sólo sirven para agravar el estado de salud de un país que se muere de anemia por la oleada de recortes sociales y económicos emprendida por el Gobierno del Partido Popular.
El día 19 de septiembre, hace apenas una semana, la asociación de afectados por el vuelo de Spanair JK5022 se despertó con el inesperado y frustrante archivo de la causa judicial por parte de un juez de la Audiencia de Madrid. Un nuevo traspié en el arduo camino que han recorrido desde aquel fatídico accidente ocurrido en Barajas el día 20 de agosto de 2008 en un vuelo que cubría la ruta con Gran Canaria.
Lo hemos repetido tantas veces en Madrid, que cuesta creer que el Gobierno siga legislando sin tener en cuenta las especificidades de Canarias. Y cuesta aún más creer que el Ministerio de Agricultura haya redactado un decreto para paliar los daños causados por los incendios registrados durante los meses de verano sin percatarse de que Valencia no es lo mismo que La Gomera.
