Que tres islas se queden sin conexión marítima con el puerto de Cádiz es un asunto lo suficientemente grave como para que el Ministerio de Fomento siga mirando hacia otro lado mientras se multiplican las voces que exigen que se paralice el concurso que podría poner fin a las escalas en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma.
El debate es inevitable y las discrepancias forman parte del guión previsible de la política de nuestro país, pero el futuro de Canarias no es una cuestión insustancial, es un asunto de Estado que debe quedar al margen de las disputas partidistas. Y la reunión entre ambos presidentes, más allá de las interpretaciones de unos y otros, es un paso al frente en la buena dirección.
Eran poco más de las nueve de la noche del pasado martes cuando 172 diputados del Partido Popular impidieron con su voto en contra que prosperase en el Congreso una iniciativa de la Izquierda Plural en la que reclamaba una tregua invernal para que las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de electricidad y gas a aquellas familias sin recursos económicos y garantizar, de esta manera, su acceso a los servicios de calefacción y agua caliente.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, aseguró hoy que “las enmiendas que el Partido Popular (PP) ha introducido en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 durante su tramitación en el Congreso y el Senado obedecen a decisiones de carácter político”.
Los diputados de Coalición Canaria–Nueva Canarias (CC-NC), Ana Oramas y Pedro Quevedo, han registrado una Proposición de Ley en la que plantean un paquete de medidas para favorecer el tráfico aéreo internacional en la red de aeropuertos de Canarias y garantizar la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión de los mismos.
Cada 6 de diciembre, la historia se repite. Cada vez que nos aproximamos a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución, se reabre el debate en los medios de comunicación sobre su reforma, los articulistas y los tertulianos se pronuncian sobre su recorrido y sobre los cambios que necesita y nosotros, los nacionalistas canarios, volvemos a reclamar que, 35 años después, se abra un proceso reformista que permita actualizar su contenido y que se plasme en ella el mismo estatus de región ultraperiférica que ampara y protege a Canarias en la Carta Magna europea o el blindaje de nuestro Régimen Económico y Fiscal.
Pese a las notables diferencias ideológicas y el abismo que separa en políticas sociales a democristianos y socialdemócratas, ambos partidos han terminado sellando en Alemania una gran coalición que les permitirá gobernar durante los próximos cuatro años con una hoja de ruta definida en un amplio documento de 185 páginas. Un manual de gobierno en el que se incluyen objetivos concretos, plazos y retos comunes para afrontar una etapa que, en su caso, pese a su solvencia económica, tampoco está exenta de incertidumbre.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, registró hoy una iniciativa en el Congreso en la que reclama una apuesta firme y responsable del Gobierno del Estado por las energías renovables y que impulse el papel de Canarias como laboratorio mundial en el estudio y desarrollo de energías limpias.
Las reformas que está impulsando el Gobierno del Estado siguen en la inmensa mayoría de los casos el mismo guión: asigna nuevas competencias a otras administraciones sin que éstas vayan acompañadas de una ficha financiera. Una constante que ya han tenido que cargar sobre sus hombros las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los cabildos insulares y los propios ciudadanos.
Sin embargo, las administraciones no son las únicas víctimas de esta oleada reformista en la que el Gobierno del Estado adjudica arbitrariamente nuevas competencias a cambio de nada. A las administraciones se suman ahora las Cámaras de Comercio, a las que asigna nuevas funciones en el proyecto de ley que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados.
El mismo día que el Eurogrupo certificó el fin del rescate a la banca española, cuya factura de 41.300 millones de euros tendremos que pagar entre todos pese a que el presidente Rajoy nos aseguró lo contrario, el Banco Central Europeo (BCE) publicó un informe en el que ratifica una realidad que todos intuíamos: la mitad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país no lograron entre abril y septiembre de este año la financiación bancaria que necesitaban.
