Que tres islas se queden sin conexión marítima con el puerto de Cádiz es un asunto lo suficientemente grave como para que el Ministerio de Fomento siga mirando hacia otro lado mientras se multiplican las voces que exigen que se paralice el concurso que podría poner fin a las escalas en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma.

El pliego de condiciones del nuevo concurso abierto por el Ministerio de Fomento para la contratación de la línea marítima de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Cádiz y la Comunidad Autónoma de Canarias excluye la obligatoriedad de conectar los puertos de las capitales de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Y solo contempla estas conexiones como mejoras a tener en cuenta en la valoración de las propuestas.

Las consecuencias podrían ser nefastas para las empresas y, sobre todo, para los ciudadanos de las tres Islas. No se trata únicamente de la pérdida de una conexión marítima sino el consiguiente incremento de los costes derivados del transporte. Las mercancías entre ambos puntos tendrían que realizar una escala previa en Gran Canaria o Tenerife, lo que provocaría una pérdida de competitividad de sus empresas por el sobrecoste y por la prolongación del tiempo de traslado de las mismas y, además, el aumento de los precios de la cesta de la compra. Es decir, nos abocaría a un escenario en el que todos saldrían perjudicados.

Pese a que la opción por la que ha optado el Ministerio de Fomento es una medida que profundiza en la doble insularidad y crea desigualdades entre los ciudadanos de las diferentes islas, y que la crítica a dicho concurso ha sido casi unánime, incluidas algunas voces aisladas del Partido Popular de Canarias, el Gobierno del Estado ha vuelto a optar por el silencio ante las crecientes protestas de las administraciones, las Cámaras de Comercio y los representantes públicos.

Esta es una historia que muchos temíamos que terminaría desembocando en la vía por la que ha optado el Ministerio de Fomento. Nosotros, en el Congreso y en el Senado, venimos denunciando desde que se declaró desierto el concurso en 2013 que los recortes podrían afectar a las conexiones marítimas que se ofertan bajo el paraguas de la OSP. Un temor que se ha hecho realidad en el concurso publicado el pasado día 8 de enero en el BOE.

¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que el Ministerio de Fomento paralice el concurso y que prorrogue el que se encuentra vigente hasta que se elabore un nuevo pliego y se abra una nueva convocatoria en la que se incluya como obligatoria la escala en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma.

La crisis afecta con más fuerza a quienes sufren la doble insularidad, lo mismo que golpea con más fuerza a Canarias que al continente. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas al no poder exportar sus productos y competir en igualdad de condiciones. Las que se han mantenido a flote lo han hecho a duras penas, y su continuidad es necesaria para garantizar no solo la supervivencia de sectores que son claves para nuestra economía sino que, además, son el sustento de muchas familias.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la amenaza que se cierne sobre La Palma, Fuerteventura y Lanzarote si el Gobierno del Estado sigue adelante con su concurso? Hablamos del plátano palmero, del queso majorero o del vino conejero. Es decir, hablamos del futuro de productos que forman parte de nuestra Historia, de nuestro sistema productivo y cuya calidad es incuestionable. Y con su porvenir no se juega con políticas miopes que nos alejan del continente mucho más que la propia distancia geográfica.