La Unión Europea cuenta desde esta semana con una nueva directiva comunitaria sobre seguridad medioambiental para la extracción de gas y petróleo. Una directiva que la compañía Repsol no tendrá que cumplir en el caso de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura ya que la nueva normativa otorga un plazo de hasta cinco años para adaptarse a los nuevos requisitos a aquellas instalaciones que ya han sido autorizadas. De ahí que ahora se entiendan las prisas con las que ha actuado el Gobierno del Estado para desempolvar los permisos en Canarias y evitar que la petrolera española asuma un coste que seguramente pondría en jaque la continuidad de las investigaciones en las Islas.