El Ministerio de Defensa se ha garantizado la propiedad de 2,5 millones de metros cuadrados junto al aeropuerto de Fuerteventura, en el barrio del Matorral, tras la declaración de la zona de seguridad del acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela. Una instalación de la década de los ochenta que, en su momento, formó parte de la red de centros de acogida de inmigrantes tras la crisis de las pateras y cayucos y que, en estos momentos, se encontraba casi en desuso.

Sin informar previamente a las administraciones majoreras, y sin ni siquiera realizar una consulta a las mismas, el departamento que dirige Pedro Morenés impulsó unilateralmente dicha declaración de seguridad, pese a que esta medida supone la ocupación de espacios en los que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo Insular y AENA preveían realizar el trazado de uno de los tramos de la autovía, la creación de espacios comunes y la ampliación del aeropuerto de la Isla.

Esta operación, que Defensa publicó en forma de Orden el pasado día 16 de abril en el Boletín Oficial del Estado, supone que el Ministerio blinda la propiedad de la parcela que ocupa la instalación militar y agrega una zona circundante de 1,1 millones de metros cuadrados.

Esta parcela se suma a las 4.205 hectáreas que ocupa el campo de tiro y maniobras de Pájara, que también fue declarado de “interés para la defensa nacional” en 2012, las 1.679 hectáreas de las nuevas instalaciones de la montaña de La Muda y el cuartel que existe en el casco urbano de Puerto del Rosario. En total, 58,8 millones de metros cuadrados en manos del Ministerio de Defensa en una Isla que se promociona en el exterior como un espacio de paz y tranquilidad
La militarización de la isla de Fuerteventura choca frontalmente con la economía de una Isla que depende del sector turístico y cuyo futuro está directamente vinculado a las bondades de sus playas y de su paisaje. Una apuesta que tropieza también con los ejercicios militares que ha anunciado el Ejército de Tierra en la isla de Lobos, otro espacio natural protegido, el próximo mes de junio.

La respuesta de las administraciones majoreras y colectivos no se ha hecho esperar. Critican la opacidad y la manera de actuar de un Ministerio que gana terreno en Fuerteventura y se niega a dialogar con las instituciones que representan a los majoreros. Lamentan las formas de un departamento del Gobierno que ocupa espacios naturales protegidos y trunca la tranquilidad que exigen los vecinos y sus visitantes.

Fuerteventura lleva décadas solicitando el cierre progresivo de determinadas instalaciones militares. Al contrario de lo expresado por el Cabildo y los seis Ayuntamientos, el Ministerio de Defensa ha optado por no escuchar a las mismas y aumentar su patrimonio en la Isla sin que haya desvelado, aunque muchos lo intuimos, cuáles son los planes que se ocultan tras las operaciones que ha autorizado sin consulta previa a las instituciones locales.

La secuencia de actos unilaterales de Defensa es alarmante. En noviembre de 2011 ordena instalar casetas para ejecutar la instalación en la montaña de La Muda. En marzo de 2012 publica el Real Decreto por el que se amplía la zona de afección del campo de tiro de Pájara, de nuevo sin diálogo, consultas o información previa a las autoridades locales. Un año después, en marzo de 2013, el ministro de Defensa visita Fuerteventura para observar ejercicios militares. No informa ni se reúne con las autoridades locales ni con los vecinos afectados, pese a las solicitudes planteadas reiteradamente. Y los últimos episodios ya los he relatado al principio de este artículo.

Sonroja la soberbia con la que actúa en la Isla un Ministerio que actúa al margen de los cauces de diálogo y participación que se exige a cualquier administración. Abochorna ver a un ministro que se pasea por Fuerteventura negándose a sentarse en la misma mesa con los representantes públicos de la Isla. Irrita ver que, lejos de buscar consenso, sigue optando por la vía de los decretos para arañar más terreno en la Isla en nombre del “interés para la defensa nacional”.

Coalición Canaria-Nueva Canarias ha presentado la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Defensa para que explique en el Congreso lo que se niega a relatar a las administraciones majoreras. Hemos presentado preguntas escritas y orales, además de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Defensa. Nuestro senador, Narvay Quintero, ha hecho lo mismo en el Senado. Esperemos que en este caso el Gobierno dé la cara y no alargue, como es práctica habitual en esta Legislatura, su presencia en las Cámaras aprovechándose de la amplia mayoría absoluta del Partido Popular.