El pasado mes de agosto, todos los grupos parlamentarios aprobamos la constitución en septiembre de una subcomisión para el estudio de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Se cumplían así las aspiraciones de las distintas fuerzas políticas y también la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que en mayo anunció el interés del Ejecutivo de promover una reforma electoral basada en el consenso.

Al fin, la próxima semana se celebrará en el Congreso el acto de constitución formal de la subcomisión que tendrá el mandato de estudiar una reforma electoral. El acuerdo no será fácil, porque cada partido tiene sus prioridades, y cada cual pondrá el acento en aspectos distintos del sistema electoral. Coalición Canaria considera que cualquier reforma electoral que afecte a los Cortes Generales debe respetar la pluralidad de la sociedad española, garantizándose la presencia de los partidos nacionalistas y una representación justa de las fuerzas con implantación en todo el Estado. También pensamos que cualquier reforma debe convertir al Senado en la cámara de participación de las Comunidades Autónomas.

Creo que es una opinión compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las formaciones políticas que la Constitución, que cumple 30 años, goza de buena salud. No hay que olvidar que estas tres décadas son el más largo período de tiempo en el que la sociedad española ha podido vivir en paz y libertad.

Dicho esto, y como han advertido muchos expertos, está claro que no hay en el mundo sistema electoral neutro. Es decir, detrás de las demandas de cambio del sistema hay expectativas de mejora, y su mayor exigencia obedece a un descenso sostenido del apoyo electoral de la principal formación que demanda esos cambios: Izquierda Unida.

Por otra parte, no hay que olvidar que el pacto constituyente de 1978 se construyó sobre la base del actual sistema electoral; es decir, un sistema que fuera aceptado por todos sin que pudiera ser instrumentalizado por las mayorías de turno. Así, la circunscripción provincial, las listas cerradas y bloqueadas y la fórmula D’Hondt, fueron los elementos más adecuados para conseguir el consenso.

La circunscripción, por ser la división del Estado en ese momento, las listas cerradas y bloqueadas por la primacía que daba a los partidos y por la sencillez con que los ciudadanos podían votar; y la fórmula D`Hondt por la proporcionalidad que daba a la hora de traducir votos en escaños en cada circunscripción. De ahí su rigidez actual, que requiere la reforma constitucional para su cambio y exige un consenso de al menos 3/5 partes de cada Cámara para que prospere.

El otro elemento fundamental de nuestro sistema es el bicameralismo de las Cortes Generales. Nuestro Parlamento es bicameral y supuestamente el Senado representa a los territorios. Y digo supuestamente porque en la realidad eso no ha sido así desde el inicio de la andadura democrática. Pese a la arquitectura parlamentaria diseñada por la Constitución hace 30 años, ese bicameralismo es una de las principales disfunciones de nuestro sistema y, en opinión de Coalición Canaria, condiciona en gran medida modificar el sistema electoral.

El Congreso de los Diputados es la Cámara de representación popular y el Senado la de representación territorial. Pero el Senado no representa a los territorios, al modo de un sistema federal. Además, ese déficit territorial del Senado se corrigió con el componente territorial del Congreso de dividir el territorio del Estado en más de 50 circunscripciones, lo que ha provocado que, debido al cada vez menor apoyo de formaciones como Izquierda Unida, exista una cierta desproporcionalidad entre los votos recibidos y la representación obtenida en el Congreso, dándose la paradoja de que formaciones con menos votos obtengan muchos más escaños.

Cambiar el sistema electoral requiere, en nuestra opinión, el cambio del modelo territorial. O mejor dicho, convertir al Senado por fin en una verdadera cámara territorial donde las Comunidades Autónomas estén representadas en términos de igualdad y donde se puedan expresar los hechos diferenciales existentes en determinados territorios, como la lengua, la foralidad y donde destaquen la lejanía e insularidad por ser hechos diferenciales.

El objetivo es que el Congreso, mejorando la proporcionalidad, sea la cámara de los ciudadanos, y el Senado, la de los territorios, convirtiéndose en lugar de encuentro multilateral y en mecanismo de participación de las Comunidades Autónomas en las instancias estatales. O sea, que la realidad plural de España y la estructura territorial del Estado se instrumentalicen a través del Senado.

A partir de estas consideraciones, podemos discutir cómo se mejora la proporcionalidad del Congreso y cómo la territorialidad del Senado. Pero sería un error querer aprovechar esas mejoras para intentar eliminar la representación política de las minorías nacionalistas, pues nadie puede discutir que España es un Estado plural en el que coexisten muchas sensibilidades distintas que tienen el derecho de estar representadas en los órganos de decisión política.

Por ello, esa mejora no puede pasar por fórmulas que impidan a partidos que son minoritarios en el contexto estatal, pero con fuerte implantación en sus respectivos territorios –algunos, como CC, en el Gobierno autónomo-, obtener o disminuir su presencia en el Congreso.

Otra cosa distinta es cambiar las circunscripciones provinciales por autonómicas que permitan un reparto mayor de escaños por distrito que beneficie a las minorías ideológicas como IU, en comunidades como el País Vasco, Cataluña, Valencia o Andalucía, por poner algunos ejemplos. O, como se ha propuesto, sobre el sistema actual un aumento de escaños en un distrito estatal y sucesivas vueltas que no castigue a las formaciones territoriales y sí mejore la representatividad de las minorías nacionales.

En definitiva, CC entiende que cualquier reforma del sistema electoral del Congreso pasa por mejorar el modelo en su conjunto y, en particular, por hacer del Senado el verdadero foro de participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones estatales como contrapunto al Congreso, ya que ambas representatividades, la ideológica y la territorial, forman las Cortes Generales.

Una vez que así se haga, el nuevo sistema electoral del Congreso debe respetar la presencia de las formaciones nacionalistas y mejorar la representatividad de las minorías nacionales, haciendo que ésta sea lo más proporcional posible a la cantidad de votos obtenidos, es decir, traduciendo lo más fielmente posible la pluralidad ideológica de la sociedad española en las instituciones.