Demasiados años perdidos en debates estériles, en reformas educativas marcadas por un incuestionable sello ideológico. Siete reformas en más de 35 años no han servido para consolidar un sistema que sigue sin contar con los elementos que necesita para facilitar el tránsito del estudiante hacia el mercado laboral. Ni existe esa interconexión en el sistema vigente ni en la denominada Ley Wert. Tras el cierre de la crisis abierta por el ministro al tratar de imponer el 6,5 como nota mínima para acceder a una beca, y abdicar en su propósito reduciendo la misma hasta un 5,5, existen otros debates que plantea la reforma que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. Entre ellos, el futuro de la Formación Profesional.

No nos podemos permitir el lujo de seguir experimentando con nuevas fórmulas, ni podemos tampoco ofrecer respuestas que se queden a medio camino. Ha llegado la hora de tomar decisiones políticas inteligentes que contribuyan a corregir el desajuste que existe entre el tipo de formación que reclama la economía y los estudios que se ofertan en la FP. O, por ejemplo, e incluso más importante, que la Formación Profesional sirva para ofrecer una nueva oportunidad a aquellas personas sin empleo que ansían retornar al sistema educativo para ser más competitivos.

El reto es tan necesario y apasionante, que nadie, especialmente los estudiantes y las personas sin empleo, nos perdonarían que perdiésemos una nueva oportunidad de seguir los pasos de aquellos países en los que la Formación Profesional goza de un importante prestigio social. Me refiero a claros referentes como son Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda o Suiza.

El informe presentado la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es inequívoco a este respecto: “España tiene que incrementar el porcentaje de jóvenes con formación profesional de grado medio como instrumento para luchar contra el creciente desempleo juvenil”.

Una sugerencia que requiere una respuesta inmediata. Y, sin duda, la que ahora tenemos a nuestro alcance es la reforma de ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Una reforma en la que, a mi juicio, se debe apostar, como refleja un estudio de la Fundación la Caixa, “por un buen sistema de formación profesional para que las empresas dispongan de trabajadores cualificados que permitan su supervivencia y progreso en un entorno cada vez más competitivo y global. Un entorno, además, cambiante y en el que elementos como el conocimiento, la tecnología o la innovación son fundamentales y exigen una formación inicial especializada y, a la vez, una alta capacidad de aprendizaje que permita extender esa formación a lo largo de toda la vida”.

La FP ha sido durante muchos años la hermana pobre del sistema educativo. Era el destino en el que finalizaban sus días como estudiante aquellos alumnos sin la capacidad o la motivación necesaria para afrontar el Bachiller. Hoy, en cambio, si ponemos el empeño necesario y nos despojamos de los condicionantes políticos, podríamos lograr que la FP se convierta, según apunta un reciente estudio de la Universidad Complutense, “en uno de los mecanismos por los cuales se pueda dar solución, en mayor o en menor medida, a diversos problemas presentes en nuestra sociedad: el desempleo, la prolongación de la vida laboral, la difusión del conocimiento tecnológico, consolidarse como alternativa a los estudios universitarios, la integración, la cualificación para reducir la pobreza, etcétera”.

¿Por qué no explorar en Canarias nuevas vías en la FP como la oferta de cursos relacionados con las energías renovables, el comercio exterior, la gestión cultural, las nuevas tecnologías o, por ejemplo, el estudio de las nuevas técnicas que ya se utilizan en otros países para garantizar la sostenibilidad y la productividad de sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca? ¿Por qué no realizar un giro en el amplio abanico que permite la FP, más flexible que el sistema universitario, para que los jóvenes se especialicen en el estudio de nuevos modelos de gestión del sector turístico?

Urge la adopción de un acuerdo que permita a la FP encauzar una etapa diferente para afrontar nuevos retos. El modelo actual necesita un giro. España tiene más universitarios que la media de la Europa de los Veintisiete y solo el 8% cuenta con una formación profesional de grado medio, frente a la media del 34% de los países de la OCDE.

Este tipo de educación permite adquirir las capacidades, el conocimiento y la experiencia práctica que se requiere en empleos especializados y hace posible preparar a los jóvenes para acceder al mercado laboral. Eso sí, para ello es imprescindible la implicación activa de las empresas. Sin ellas y sin su compromiso para cooperar en la formación de las futuras generaciones, el proyecto sería inservible. ¿Empezamos?