La Unión Europea cuenta desde esta semana con una nueva directiva comunitaria sobre seguridad medioambiental para la extracción de gas y petróleo. Una directiva que la compañía Repsol no tendrá que cumplir en el caso de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura ya que la nueva normativa otorga un plazo de hasta cinco años para adaptarse a los nuevos requisitos a aquellas instalaciones que ya han sido autorizadas. De ahí que ahora se entiendan las prisas con las que ha actuado el Gobierno del Estado para desempolvar los permisos en Canarias y evitar que la petrolera española asuma un coste que seguramente pondría en jaque la continuidad de las investigaciones en las Islas.

En contra de lo que se han apresurado a asegurar los dirigentes del Partido Popular, esta nueva directiva no autoriza las prospecciones en Canarias sino que surge, tras un prolongado debate, para evitar que en la Unión Europea se reproduzcan catástrofes similares a la que se vivió en el Golfo de México, que afectó a más de 1.000 kilómetros de costa, causando un irreparable daño ambiental, social y económico.

Esta nueva normativa es mucho más estricta y conlleva más obligaciones para las petroleras, entre ellas asumir el coste de una posible catástrofe. Normativa que, como comentaba anteriormente, no tendrá que asumir Repsol, pese a que sus directivos aseguren públicamente que, en el caso de Canarias, cumplirán los nuevos requisitos. No es cierto, de hecho no figuran en la documentación que la compañía entregó al Ministerio de Industria para desbloquear los permisos que se encontraban paralizados.

En el caso de que Industria no hubiese autorizado los permisos a Repsol, la empresa estaría obligada a  presentar un informe más estricto sobre los riesgos principales, los planes de emergencia para actuar en caso de accidente y probar que dispone de suficientes recursos físicos, humanos y financieros para minimizar y rectificar el impacto de un accidente grave.

De ahí que ahora entendamos la celeridad con la que se autorizaron las prospecciones a Repsol (prácticamente sólo dos meses después de la toma de posesión del Gobierno de Rajoy y sin apenas expediente administrativo) con la finalidad de esquivar una nueva normativa que endurece y encarece las medidas de protección.

Quisiera destacar algunas pinceladas sobre las que pone el acento el texto aprobado por los europarlamentarios.  Nos recuerda que “los accidentes graves conexos con operaciones relacionadas con el gas y el petróleo mar adentro pueden tener consecuencias devastadoras e irreversibles para el medio marino y costero, además de importantes efectos negativos en las economías costeras”. Y subraya lo siguiente: “que los riesgos de accidentes graves en alta mar relacionados con petróleo o gas son significativos”.

La UE cuenta con una nueva normativa que supone un importante avance en seguridad. Normativa que blinda las futuras autorizaciones. En nuestro caso, la petrolera queda exenta de la misma y continúa avanzando en sus trabajos en Canarias sin que sepamos con exactitud cuál es su hoja de ruta, las zonas exactas que serán estudiadas ni conozcamos los entresijos de una operación que avanza a hurtadillas y casi a escondidas.