Esta semana compareció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el pleno del Congreso, para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 1 y 2 de marzo. Un Consejo en el que se adoptó una posición común de los 27 para lograr un objetivo que, aunque parezca inalcanzable, es un reto que asumimos todas las fuerzas políticas: situar de nuevo a Europa en la senda del crecimiento y el empleo.
Otra cuestión muy distinta es si el camino elegido por España es el más adecuado y si las conclusiones adoptadas hace menos de dos semanas permanecen vigentes o se trata de papel mojado.
Rajoy se comprometió en Bruselas a fijar el déficit público en 2012 en el 5,8% pero, tan sólo nueve días después, decidió ceder ante las presiones de las autoridades comunitarias y reducir el déficit en cinco décimas más. El escenario al que nos enfrentamos ya no es, por tanto, el mismo al que el presidente del Gobierno se comprometió con sus homólogos en el Consejo Europeo.
Coalición Canaria se abstuvo esta semana en el debate sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 ya que creemos en la necesaria estabilidad de las cuentas públicas, pero no coincidimos con los criterios ni con la distribución del ajuste del déficit. Creemos que el Gobierno debe ser justo con las Comunidades que han hecho más esfuerzos en esa línea y debe tender la mano a los territorios con mayor tasa de paro. Y esos son los dos escollos que nos separan en este asunto, tal como quedó evidente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde también nos abstuvimos.
Nuestra abstención obedece a las incertidumbres que planean sobre un escenario económico y financiero que cambia casi a diario y cuyo futuro es más incierto que nunca. El ajuste que el Gobierno ha aceptado es tan duro que parece muy probable que los gastos en sanidad, educación y desempleo tengan que reducirse de forma drástica.
Durante la fase de recesión que vivimos, reducir el déficit pasa no sólo por aplicar un drástico tijeretazo sino también precisa de un aumento de la inversión y del empleo, especialmente en aquellas zonas más castigadas por el paro, como es el caso de Canarias.
Una Comunidad Autónoma que, tal como aprobó por unanimidad el Parlamento de Canarias, reclama como imprescindible la creación de una dotación adicional específica para las regiones ultraperiféricas en el Fondo Social Europeo con el objetivo de poner en marcha planes especiales en materia de formación y empleo.
Esta resolución del Parlamento de Canarias propone también que España fije una posición conjunta con los Gobiernos de Francia y Portugal en la defensa de las singularidades de las RUP en la negociación del nuevo marco presupuestario comunitario 2014-2020 y, por otra parte, que desarrolle plenamente el objetivo de inserción regional y la Estrategia de Gran Vecindad entre Canarias y los países de su entorno geográfico.
Una economía que camina hacia los seis millones de parados no tiene futuro si apuesta por reducir el gasto público y no vislumbra el más mínimo atisbo de crecimiento en los próximos dos años.
Como dice un proverbio alemán “¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada?”
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