Hoy hemos presentado una declaración conjunta presentada por la mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP y UPyD, en contra de la reforma local que ultima el Gobierno. El texto es el siguiente:

«Las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados quieren manifestar una posición contraria al Anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015.

Esta errónea concepción inicial se manifiesta en un texto que no resuelve los problemas reales de las Entidades Locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana. Por el contrario, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, vulnera los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica.

Ante la propuesta gubernamental no somos solo los grupos políticos los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, empleados públicos, asociaciones y federaciones de entidades locales, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.

Todas estas voces queremos recoger hoy aquí, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que retire su anteproyecto y elabore uno nuevo en base a otros principios consensuado con las Comunidades Autónomas, las organizaciones municipalistas y asociaciones ciudadanas, sindicatos y fuerzas políticas».