Existen cifras que no necesitan ir acompañadas de rostros, ni de nombres y apellidos, para reflejar la magnitud del drama que se oculta tras las estadísticas. Los datos que ha ofrecido esta semana el Colegio de Registradores de España sobre la gravedad de los desahucios en nuestro país certifican que nos enfrentamos a una tragedia ante la que el Gobierno y el Partido Popular no puede seguir dando la espalda ni ofreciendo soluciones insuficientes para detener una hemorragia social que crece cada día.

Los números indican que la banca se quedó en 2012 con más de 30.000 viviendas por el impago de los créditos. Más de 30.000 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares tras perder primero, en la inmensa mayoría de los casos, su puesto de trabajo y quedarse después sin recursos suficientes para afrontar el pago de su préstamo. Una desdicha que provoca una media de 115 desahucios por día hábil, es decir, uno cada quince minutos.

La solución política a este drama se desvanece en el Congreso tras la decisión del PP de restar artículos a la iniciativa legislativa popular y apostar por una solución que no pone fin a un drama provocado por una crisis que se cuela cada día en la vida de más personas. La esperanza se concentra, por tanto, en la fuerza de los movimientos sociales y en las vías que se han abierto en los juzgados a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Corte con sede en Luxemburgo obliga a España a garantizar la defensa de los afectados, que se ven abocados a una situación de total desamparo al no poder esgrimir ante un juez las causas que han motivado el impago del crédito. En la sentencia se señala que “la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión”.

Pero, sin duda, la decisión judicial que ha generado más expectativas y confianza es la que ha dictado esta semana un juez valiente, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife, en Lanzarote, que ha ido más allá y ha puesto el dedo en la llaga sobre una de las cuestiones que más irrita a los afectados: las cláusulas abusivas.

En su decisión, declara “abusivos y usurarios” los intereses de demora del 19% que la entidad bancaria cobraba por retrasos en los pagos y denuncia que este tipo de prácticas bancarias constituye “un abuso inmoral que, desde luego, no puede ser consentido ni amparado por los Tribunales de Justicia”. La crónica sobre esta información añade que el juez José Cobos acusa a los bancos de haber contribuido “decisivamente” a la “crisis económica y recesión que vive este país y el mundo entero” y a los altos niveles de desempleo que están detrás del impago de las hipotecas, con “su desmedido afán de aumentar su negocio y sus beneficios”.

El rescate financiero solicitado por España ha supuesto una millonaria inyección económica a las entidades bancarias. Entidades que, pese a ser las únicas que han sido apoyadas económicamente para evitar su estrepitosa caída, siguen actuando de manera insensata y profundamente alejadas del resto de la sociedad cobrando las cláusulas abusivas a las que se refiere el juez de Lanzarote y cerrando el grifo a los créditos que reclaman para seguir en pie las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores.

“La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las personas que dejan de pagar un préstamo hipotecario lo hacen sin ningún tipo de culpa por su parte. Lo hacen porque han perdido su trabajo y están en el paro, sin que exista ninguna posibilidad de volver a encontrar otro o porque les han reducido sustancialmente su salario”, apunta el juez. Una decisión audaz que abre un pequeño rayo de esperanza para aquellos sobre los que se cierne la asfixiante amenaza de ser expulsados de su propia casa.

 

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