Artículo publicado en El Huffington Post

Ya no cabe discusión intelectual sobre el rumbo de la política económica y bancaria en el área del euro. Lo que antes podía definirse, y todos defendimos, como una asociación entre iguales, los integrantes de la familia europea, una comunidad sellada por la coincidencia de intereses y principios, hoy es simplemente un grupo mal avenido de acreedores y deudores, en el que los primeros imponen las condiciones a los segundos en estricto sustento de sus prioridades a corto plazo.

Proyecto colectivo, no existe. Ni hay perspectivas de que a corto ni medio plazo se concrete un proyecto común que ofrezca garantías a los ciudadanos europeos. En nuestro caso, corresponde al Gobierno influir con todas las capacidades a su alcance para que el rumbo nefasto sea corregido lo antes posible. Una obligación que, hasta ahora, ha sido incapaz de cumplir al estar nuestra economía en manos de aquellos que, desde el Norte, marcan la agenda a los países del Sur.

La doctrina del rescate con cargo al ciudadano común ya sabemos dónde nos lleva. La costosa factura de las ayudas al sector financiero, el único merecedor, al parecer, del subsidio permanente, la pagan al final siempre los mismos, ya sean los ciudadanos a través de recortes sociales, los tenedores de preferentes o, como ocurrió en Chipre, los propios depositantes.

Esto tiene que acabar ya. España es un integrante destacado de la Unión y no puede ser uno de los adalides de la reincidencia en el error. Y si todo lo ocurrido es una oportunidad para terminar con ese coladero de recursos que son los paraísos fiscales dentro del territorio de la UE, pues que se haga con firmeza, y que se haga ya, antes de que nos levantemos por la mañana sacudidos por un nuevo escándalo millonario a costa del sufrido contribuyente europeo. Este estado de cosas está socavando la viabilidad del proyecto europeo, y por el camino se lleva el porvenir de millones de ciudadanos españoles que esperan algo más de sus instituciones. Y ya no se puede esperar más.