Corremos el riesgo de acostumbrarnos a convivir con el constante goteo de decisiones políticas del Gobierno del Estado que sepultan de una manera despiadada aquellos derechos que nos ayudan a afrontar aquellas dificultades que entrañan la insularidad y la lejanía. Decisiones que dinamitan pilares que tanto nos ha costado edificar para que nuestras empresas sean competitivas pese a los sobrecostes que conlleva producir por cuestiones logísticas. Las últimas víctimas de la suma de insensateces impuestas por el cada vez más alejado Gobierno de Madrid son las empresas vinculadas al sector de las energías renovables.

La reforma del sistema eléctrico que lleva la firma del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, incluye el fin del régimen de protección que tenían los 45 parques eólicos instalados con anterioridad a 2005 en las Islas. A partir de ahora, “cada megavatio hora que generen se retribuirá según el precio de mercado peninsular, lo que provocará un descenso de ingresos cercano al 50 por ciento y abocará a varios de ellos a la quiebra”, según denunció el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Ernesto Pérez Reyes.

El propio Pérez Reyes realiza en una entrevista una serie de reflexiones que ponen en entredicho la reforma auspiciada por Soria y plantea una serie de interrogantes sin respuesta por parte del Gobierno que siembran serias dudas sobre si el Ministerio está dispuesto o no a apoyar a un sector que, sin duda, contribuiría a reducir la costosa factura energética o, en cambio, su único objetivo es seguir apostando por las multinacionales eléctricas y las energías convencionales.

El presidente de Aeolican dice que “la eólica ahorra 36 millones de euros en Canarias y puede ahorrar hasta 200 millones con la entrada de nuevos inversores. No cuesta un duro al conjunto de los españoles, todo lo contrario. Lo que sí cuesta es que no haya más potencia instalada”. Se queja, y tiene muchas razones para ello, de que ha oído decir muchas veces al ministro que quiere “impulsar la inversión en energías renovables en Canarias por el ahorro que suponen, pero no deja de ser una declaración de intenciones, porque en el BOE y en los borradores de órdenes y reales decretos se lee algo bien distinto”.

El sobrecoste de la energía en Canarias se sitúa en torno a los 1.500 millones de euros anuales y, pese a que el Gobierno es consciente de que debe dar alas a la energía eólica para reducir tan gravosa factura, actúa en la dirección opuesta pese a las consecuencias para las debilitadas arcas públicas y para el propio usuario.

El mismo Gobierno que repite en cada una de sus comparecencias que sus políticas nos permitirán retornar al crecimiento económico aplica medidas que, como en este caso, aboca a muchas empresas a la quiebra y a su cierre definitivo.

La Asociación Empresarial Eólica va mucho más allá en sus críticas y denuncia con dureza que la normativa ideada por el Gobierno “es la más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país en contra del sector eólico, considerado un sector competitivo y de futuro en todo el mundo. Es inadmisible que el Gobierno ponga en jaque el futuro de un sector que baja el precio del mercado eléctrico al evitar importaciones de combustibles fósiles, crea empleo y exporta tecnología, entre otros muchos beneficios”. Canarias ha perdido cerca de 10.000 empresas desde el inicio de la crisis, pasando de 64.769 compañías inscritas en la Seguridad Social, a finales de 2007, a poco más de 54.000 en diciembre de 2013. La mayor caída se ha registrado en el sector de la construcción, pero también ha descendido el número de empresas vinculadas a la industria y la agricultura.

Esta fotografía del tejido empresarial canario nos revela la crudeza de la crisis y, además, que la debilidad del consumo interno unida a las dificultades para acceder a nuevas financiaciones por parte de las entidades de crédito van a dificultar que se produzca a corto plazo un punto de inflexión en el índice de evolución del sector empresarial en las Islas.

De ahí que provoque desconcierto e irritación que el Gobierno, consciente de que muchas empresas eólicas están a punto de naufragar, dicte políticas que solo servirán para que las mismas sean menos productivas, menos competitivas y que condene a muchas de ellas a cerrar sus puertas, enterrando las esperanzas de quienes apostaron por un sector alternativo y con futuro y para quienes creemos que las administraciones, al contrario de lo que hace el Ministerio, deben favorecer que se multiplique su peso específico en el sector eléctrico para ahorrar en el coste de la factura y para favorecer las energías limpias y sostenibles.

La hoja de ruta trazada por el Gobierno, consistente en restar protagonismo a las renovables y apostar por las exploraciones petrolíferas, pese a la fuerte contestación social tanto en Canarias como en Baleares y Valencia, choca frontalmente con el modelo por el que apostamos en las Islas. Y pese a la tozudez del Gobierno, los nacionalistas canarios volveremos a presentar nuevas iniciativas en el Congreso y el Senado para que el Gobierno corrija su rumbo equivocado.