Cuando se mira en una sola dirección en la búsqueda de respuestas, corremos el riesgo de que nuestra miopía nos impida ver en toda su amplitud el escenario en el que se desarrolla la crisis.  Exigimos (nos exigen) a los políticos que apliquemos recetas que nos permitan salir cuanto antes de este interminable calvario. Sin embargo, existen otros actores, los agentes económicos, cuya implicación en el esfuerzo colectivo es insuficiente.

En España, el Gobierno ha priorizado el pago de la deuda y su afán recaudatorio, vía subida de impuestos, sobre la aplicación de incentivos que permitan a las empresas, especialmente a las más pequeñas, tener el margen necesario para prosperar en un mercado en el que la inmensa mayoría se ve obligada a navegar a contracorriente. La única opción por la que ha optado, en este sentido, ha sido la aprobación de una reforma laboral para facilitar los despidos, dar carta blanca a los contratos parciales y abrir grietas cada vez más profundas en un mercado en el que prima la precariedad.

El Gobierno del Estado, pese a los reiterados informes que aconsejan que encamine su política por una vía que facilite el crecimiento y la creación de empleo, ha preferido aplicar las imposiciones de la troika europea, incluso con más intensidad de la exigida, pese a los efectos devastadores que ha tenido sobre los empleo, los servicios públicos o las políticas sociales. El coste de la factura que el Gobierno ha obligado a pagar a todos los ciudadanos en un plazo de tiempo inasumible es tan desorbitado que apenas nos deja sin aliento para afrontar con fuerza el nuevo ciclo económico que ahora comienza.

Pero existen otros indicadores que evidencian que el esfuerzo colectivo que necesita este país no solo cojea en la gestión política. Canarias cerró el año 2013 con unos resultados históricos gracias a la suma de más de 12 millones de turistas y una facturación de 11.684 millones de euros por parte de las empresas turísticas. Cifras inauditas que, sin embargo, no se han percibido con la misma intensidad en el mercado laboral. De hecho, las cifras oficiales indican que Canarias despidió el pasado año con 170.134 asalariados, 4.812 menos que en 2011.

Es cierto que el empleo turístico creció un 5,1% respecto a 2012, según la Encuesta de Población Activa, como también lo es que las empresas cerraron el año con una facturación de 1.066 millones de euros más que el año pasado. La pregunta que muchos nos planteamos es por qué los ingresos no se han traducido en más contrataciones y si las plantillas con las que se ha atendido a los más de 12 millones de turistas han sido suficientes para ofrecer un servicio de calidad y garantizar la fidelidad de muchos visitantes que –y no lo olvidemos- hemos conseguido gracias a la crisis que existe en el Norte de África.

El repunte en el número de desempleados en Canarias en el mes de enero certifica la temporalidad de muchos de los contratos firmados en la recta final de 2013. En cambio, sigue aumentando el número de autónomos en el sector turístico. Un síntoma que, según los sindicatos, se debe a la precariedad en el mercado laboral ya que muchos de ellos son obligados a darse de alta como trabajadores por cuenta propia para reducir la factura de su coste social para su empresa.

El cambio de rumbo que ansiamos todos solo será posible si el Gobierno huye de la insensatez y logra sumar consensos y, además, se sustancia  la implicación real de las empresas en la consecución de un reto que es inaplazable: la apuesta por un producto de calidad para que las cifras que hoy celebramos sean solo el inicio de una recuperación que arrastre al resto de la economía canaria. Y un tercer pilar que no podemos obviar es el fomento de la formación para contar con una mano de obra cualificada y competitiva.

Esta es una partida –casi la más difícil que nos ha tocado lidiar- en la que todos debemos remar en la misma dirección. Y hasta que no seamos conscientes de que este reto requiere de un esfuerzo colectivo en el que todos somos sumamos, será muy difícil desatascar un enredo que ya dura demasiados años. Se lo debemos a las miles, millones de personas, que necesitan del apoyo y la responsabilidad de quienes tienen en su mano la posibilidad de tomar una salida que sirva para que la crisis diga adiós definitivamente.

“Un poder sin imaginación”, explica el politólogo Fernando Vallespín, “es la auténtica pesadilla de la democracia; nos condena al vuelo gallináceo: sin proyecto, sin ambición ni esperanza; a un eterno más de lo mismo”.