El mismo partido que, durante más de dos años, ha dado su incondicional apoyo al Gobierno del Estado para que incremente la presión fiscal, recorte derechos sociales y laborales, merme las partidas para la financiación de la Sanidad o la Educación y permita que los bancos mantengan cerrado el grifo del crédito, ha decidido “renovar su compromiso con la sociedad española” con la celebración de una convención que, al parecer, supondrá un antes y un después en la línea de imposiciones e incumplimiento de promesas del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

El mismo partido que, durante más de dos años, ha entregado su voto al Gobierno para dar vía libre a todas sus reformas políticas, sociales, económicas, sanitarias o educativas, provocando con sus decisiones –contrarias a sus promesas- una  contestación social sin precedentes en nuestra democracia, ha decidido que tras atender lo que ellos consideraban que “era lo urgente” se va a dedicar ahora a atender lo que ellos opinan que “es lo importante”.

El mismo partido que ha transitado por las Cortes sin escuchar a otras fuerzas políticas ni a los propios ciudadanos ha considerado que, una vez cruzado el ecuador de la legislatura y a las puertas de los comicios europeos, ha llegado la hora de reconciliarse con la sociedad y cumplir lo que prometieron que llevarían a cabo un día después de su llegada a la Moncloa.

Como si quienes integran el Partido Popular y quienes forman parte del Gobierno no fuesen parte de un mismo proyecto, el vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, abrió el telón de la Convención anunciando, sin sonrojarse lo más mínimo, que los populares van a pedir al Ejecutivo de Rajoy «que se reduzcan los impuestos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos», con el objetivo final de que, «con más dinero en los bolsillos, se pueda propiciar el crecimiento económico y la creación de empleo».

El despropósito de sus palabras, secundadas por la plana mayor del PP, traspasa con creces los límites de la ética cuando asegura, sin una pizca de vergüenza, que “una vez solventados los problemas de la economía, las próximas acciones se van a centrar en la economía de las familias”, es decir, en los ciudadanos.  Los mismos a los que, hasta ahora, el Ejecutivo ha obligado a asumir la cuantiosa factura de una crisis que el Gobierno ha tratado de corregir priorizando el pago de la deuda y el saneamiento de las entidades financieras.

Obvia el PP que la desilusión y el descrédito se ha extendido a una velocidad inaudita y que no es creíble la treta ideada por su departamento de marketing para rescatar su credibilidad en una sola convención de fin de semana con el inverosímil compromiso de aplicar las mismas promesas que hizo hace poco más de dos años. Es, en todo caso, un desatino que no convence ni a los votantes más fieles del PP.

La desconfianza acumulada en tan poco tiempo es un lastre demasiado pesado como para que los ciudadanos se dejen encandilar por los destellos de una convención cuya puesta en escena nos recordará a todos a aquellos mítines que el PP celebró en 2011 con una aureola triunfalista por su previsible victoria. Un orgullo triunfalista que ha vuelto a recuperar para celebrar un cambio de ciclo económico que solo se percibe en las élites económicas.

Basta con repasar las palabras de Floriano y de otros líderes del PP para que no nos quede ni una sola duda sobre qué es lo urgente y qué es lo importante para los populares. Lo urgente era para el PP “pagar a los proveedores y recuperar el crédito” (de las entidades financieras) y lo “importante” (dos años después) “es que el crédito llegue a familias y a las pequeñas empresas». Es decir, primero los bancos y después los ciudadanos.

El PP heredó un país con una tasa de paro del 21,52 por ciento. Hoy es del 26 por ciento y afecta a casi seis millones de ciudadanos. La precariedad es la norma más común en los contratos que se han firmado tras la entrada en vigor de la reforma laboral. Ha aumentado el número de desahucios y la pobreza energética ha pasado de ser una situación excepcional a un drama que afecta a más de tres millones de personas.  La deuda pública se aproxima al billón de euros y representa un 93,40% del PIB (23 puntos más que en 2011). Y todo el esfuerzo que se ha realizado para no dejar caer a las entidades bancarias se ha saldado con un incremento del déficit y sin contrapartidas: el acceso al crédito es un privilegio reservado a unos pocos.

La luminosidad del escenario en el que se desarrollará la convención, en la que aflorarán las mismas promesas pronunciadas hace poco más de dos años por las mismas personas, no será suficiente para evitar que todos nos quedemos con una sensación de “dejá vu” y con la sospecha de que todo seguirá siendo igual cuando se apaguen los focos del cónclave publicitario del PP. El mismo partido, la misma lluvia.