El guión está escrito de antemano en el debate de cualquier iniciativa legislativa firmada por el Gobierno. Los Ministerios redactan las leyes, los diputados del Partido Popular las apoyan sin ni una sola objeción y cualquier alternativa que planteen los otros grupos parlamentarios están condenadas a ser rechazadas. Guión que se mantuvo inalterable el pasado jueves en el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (conocido popularmente como reforma local).

El proyecto de ley continuará su recorrido parlamentario en el Congreso y en el Senado, pero dudo que el Gobierno del Estado acepte las modificaciones que plantean desesperadamente la inmensa mayoría de los alcaldes, entre ellos muchos del Partido Popular, para evitar el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales que ofertan las administraciones más cercanas al ciudadano.

Esta reforma que el Gobierno quiere sacar adelante, como siempre sin consenso, no solo es un enorme error, sino un hachazo brutal al Estado del Bienestar que tanto nos costó lograr en este país, y que están desmantelando sin rubor, ni cargo de conciencia.

Cuando legisla, el Gobierno del Estado no tiene delante la cara de los ciudadanos que van a ser las víctimas de su irresponsabilidad. Este proyecto de ley seguirá cargando los efectos de esta crisis perversa sobre las espaldas más débiles: las de las administraciones locales, que solucionan los problemas cotidianos de sus administrados y, por encima de todo, las espaldas de los ciudadanos, que ya no pueden soportar más recortes.

El futuro de muchos servicios tiene los días contados si se aprueba en los términos en los que está actualmente redactada. Y me refiero a los servicios sociales, las escuelas infantiles, las ayudas al deporte, las infraestructuras escolares, la teleasistencia, los convenios con ONG., etcétera.

Todos esos servicios, que no son estrictamente competencia municipal, si no los prestan los Ayuntamientos no lo hará nadie, van a ser adscritos a administraciones superiores, vulnerando los principios de proximidad y equidad, la autonomía municipal y las competencias de las Comunidades Autónomas.

Amparándose en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el PP quiere acabar de un plumazo con los derechos sociales conquistados, basándose en el  argumento falso de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Y lo hacen pese a que las cifras apuntan todo lo contrario: el mayor déficit público lo tiene la administración del Estado, no los ayuntamientos, cuyo déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Y el endeudamiento público de las entidades locales  está en torno al 4% del PIB y un tercio lo absorbe Madrid, ciudad gobernada por el PP.

Y, aún sabiéndolo, quieren acabar con la institución más cercana al ciudadano. Con la primera puerta a la que va a tocar el vecino en estos tiempos duros y difíciles. Con el engranaje administrativo que mejor y más rápidamente funciona.

Quieren romper uno de los grandes pactos de la constitución de la Democracia, porque la descentralización no sólo es una manera de hacer más eficaces los servicios. Es la respuesta que se dio al legítimo deseo de autogobierno de muchos pueblos de España. Es la pieza de un pacto que durante más de tres décadas ha servido para mejorar la calidad de la vida de nuestros vecinos.

Por eso, CC-NC, que sí recordamos a quiénes representamos y a quiénes nos debemos, que conocemos de cerca los problemas de los ciudadanos, insistiremos en el Congreso y el Senado en nuestro más absoluto rechazo a una Ley injusta e innecesaria.