Desde el pasado mes de septiembre son ya varias las ocasiones en las que los grupos parlamentarios nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados, tanto en Pleno como en comisión, para analizar la crisis, sus efectos y sus posibles soluciones. La última vez fue el martes pasado, cuando el presidente Rodríguez Zapatero volvió a comparecer en la cámara para debatir con los portavoces parlamentarios la grave situación económica del país.

Este Gobierno ha recibido apoyos importantes del Congreso a sus medidas  de choque (adoptadas, todo hay que decirlo, bajo presión y sin anticipación). Unas medidas tomadas porque no quedaba otro remedio, pero sin el convencimiento ni la previsión de que afrontábamos la peor crisis de los últimos sesenta años y lanzando contradictorios y voluntariosos mensajes de optimismo sobre la temporalidad del problema, que no han contribuido a poner al país en alerta y a sumar esfuerzos de los agentes sociales y políticos.

Buscando un símil cercano e igualmente revelador, ha pasado como con el tiempo. La tardanza de las alertas dificultó la reapertura de los sistemas de transportes; porque no es lo mismo actuar en los inicios  que cuando el temporal ha bloqueado a medio país y los medios de auxilio pueden moverse poco y mal.

Siendo ésta una crisis de origen financiero e inmobiliario, las reiteradas afirmaciones del presidente de que contábamos con el mejor sistema bancario del mundo no sólo no han evitado el cortocircuito crediticio, sino que han minado su propia credibilidad para el futuro, en un mar de contradicciones de su Gobierno, sobre si puede o no exigirle a la banca la asunción de mayores riesgos.

Las apelaciones a la banca para una mayor fluidez del crédito se diluyeron como una piedra de azúcar; hasta el punto de que los propios ministros han sido afeados desde el partido por mantener la exigencia que el mismo Zapatero planteaba hace unas semanas.

Si hay algo que tenemos claro es que estos no son momentos para tácticas políticas defensivas y oportunistas. Son tiempos de asunción de un liderazgo efectivo sobre el conjunto de la sociedad española, uniendo los esfuerzos de los agentes sociales y políticos.

El Gobierno no debería temer dejarse alguna o muchas plumas en ello, si así evita que el bosque económico del país siga perdiendo hojas, ramas y árboles enteros. Es más hora de pensar en el futuro del país que en el futuro del Gobierno.

Es hora  de alcanzar un gran pacto político y social para salir de la crisis. Es cierto que una mayoría del país puede vivir y vive sin él. Pero hay un creciente número de familias con alguno o, lo que es más dramático, todos sus miembros en paro que quizá puedan afrontar una crisis temporal; pero no de dos o tres años, como ya se asegura.

El escenario ha cambiado y se ha agravado en las últimas semanas. Y se han de cambiar las actitudes del Gobierno y de la mayoría parlamentaria. Es hora de aparcar los reproches y de buscar los acercamientos. Y eso vale también para el primer partido de la oposición y para la patronal y los sindicatos. En ese gran pacto se deberán establecer renuncias y sacrificios para todos. Y sobre todo para quienes más pueden permitírselo.

En los últimos meses se han lanzado diversas iniciativas de gasto tendentes a impulsar la obra pública y avalar a la banca, pero no se ha avanzado con los agentes sociales en definir nuevas reglas de juego que dinamicen el mercado y el empleo.

Si ya en España se da el doble de índice de paro que en la media europea, y nos parece a todos grave, resulta dramático ver cómo algunas regiones del sur triplican los índices de desempleo europeos, al ser un 50 por ciento más altos que la media española.  El martes le preguntamos en el Congreso al presidente del Gobierno cuándo y de qué manera se arbitrarán inversiones e incentivos especiales al empleo en Andalucía y, especialmente, en Canarias, donde el paro ya supera el 21% de su población activa.

Zapatero ya había reconocido en una anterior ocasión, también en el Congreso y ante esta diputada, que las especiales condiciones de Canarias harían que la crisis fuera más virulenta en las Islas. Parece que ese es el único pronóstico en el que no falló. Aún así, después de reconocerlo, de manera plenamente consciente, congeló a la baja la inversión estatal en Canarias en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Las medidas anticrisis debieran corregir esa situación, allí donde los ajustes están siendo más drásticos.

El martes, como única diputada canaria que intervino en el debate, pedí a Zapatero la creación de un plan especial de inversión pública y de prevención en la campaña turística de verano en Canarias y Andalucía, las dos comunidades que padecen la mayor tasa de paro, y en las que una caída del turismo resultaría especialmente grave. El presidente respondió que estaba apoyando al sector turístico con el plan renove y aseguró que trabajará con el Gobierno de Canarias en políticas de creación de empleo.

Confío en que el presidente abandone sus recelos iniciales y promueva ese pacto social que le he reclamado en más de una ocasión, sin esperar a que pasen las elecciones autonómicas y europeas pendientes. Tengo también la esperanza de que promueva las reformas necesarias que articulen medidas que impulsen la contratación de mano de obra en las comunidades más afectadas por el paro, entre las que se encuentra Canarias, porque la realidad es que no se está incentivando a los empresarios para que esas contrataciones se hagan efectivas.

Este país, en definitiva, no puede permitirse perder más tiempo en la reacción en todos los frentes. La nueva inversión pública no será suficiente si no nos ponemos todos a trabajar para pasar por este largo y oscuro túnel.