La próxima semana se reanuda la actividad parlamentaria en las Cortes, tras el tradicional paréntesis de enero. Y no podría empezar con más fuerza: el primer punto del Pleno del Congreso, el martes, consiste en la esperada y demandada comparecencia del presidente del Gobierno para debatir con los portavoces parlamentarios la situación económica y las dramáticas cifras del paro.

Una vez más, Coalición Canaria será la única fuerza política, entre las once con representación en el Congreso, que pondrá el acento canario en el debate. La portavoz que firma este artículo planteará al presidente del Gobierno la situación en las Islas, más grave que en el resto de comunidades cuando estamos rozando el 22 por ciento de paro.

Pero con ser lo más importante, no sólo de la economía nos vamos a ocupar los diputados en las próximas semanas. Aunque es cierto que casi todos los asuntos están relacionados directa o indirectamente con ella. Por ejemplo, el proyecto de Ley de Puertos que, por motivos obvios, tanto afecta a las Islas, y a nuestra economía.

El anteproyecto de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, que el Gobierno remitirá en las próximas semanas al Congreso tras su aprobación en el Consejo de Ministros, ha generado posturas enfrentadas en diversos sectores afectados directamente por esta ley.

En primer lugar, se ha criticado la falta de diálogo y consenso por parte del Ministerio de Fomento, al que se ha acusado de legislar a espaldas de la comunidad portuaria. Otro motivo de crítica es que el Estado mantiene su voluntad intervencionista en lo que respecta a la gestión y organización de los trabajos de estiba y desestiba.

En cualquier caso, para Canarias este anteproyecto no puede significar en modo alguno la pérdida de las especificidades que su condición insular y ultraperiférica impone y que la Unión Europea le reconoce expresamente en el famoso artículo 299.2 del Tratado de la Unión.

La nueva Ley de Puertos no puede de ningún modo suprimir las bonificaciones que se aplican en Canarias, y cuya existencia evita discriminaciones entre los territorios. Este anteproyecto debe colocar en sus justos términos el intento de la Comisión Europea de hacer desaparecer las bonificaciones a las tasas que pagan los barcos procedentes de Península, con el argumento de que no respecta el principio de “a igual servicio, igual precio” que establece la legislación comunitaria.

Y es que estas bonificaciones son indispensables para frenar las desventajas que suponen la insularidad, la fragmentación territorial y la lejanía de Canarias y su hipotética supresión sólo vendría a ahondar la actual crisis económica, que está siendo más profunda en las Islas que en el territorio continental español.

Además, debe quedar claro ante cualquier instancia que las bonificaciones en las tasas portuarias suponen de hecho una pérdida de ingresos para las Autoridades Portuarias canarias, pero son absolutamente indispensables para la economía de las Islas, en las que el peso del interés general de sus puertos se ve magnificado por su naturaleza geográfica. Además, supone mantener la competitividad frente a competidores emergentes en toda la costa del África Occidental.

Por ello, estas bonificaciones deben mantenerse o, como alternativa, que sea el propio Estado el que compense, vía Presupuestos Generales del Estado, el mayor coste al transporte que su desaparición supondría y que es muy negativo para el Archipiélago.

El otro aspecto importante que este anteproyecto omite en perjuicio de Canarias es que, estando Coalición Canaria a favor de la autofinanciación de cada Autoridad Portuaria, como se establece en el texto, el Fondo de Compensación Interportuario del que dispone el Estado como instrumento de redistribución de recursos, no tiene en cuenta, nuevamente, una singularidad de las islas:

Las dos Autoridades Portuarias canarias aglutinan, entre ambas, el conjunto de puertos de interés general del Estado del Archipiélago. Esto quiere decir que la Autoridad Portuaria de Las Palmas gestiona cuatro puertos (el de la Luz y de Las Palmas y Arinaga, en Gran Canaria, el majorero de Puerto del Rosario y el de Los Mármoles, en Arrecife de Lanzarote).

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife gestiona el de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos, el de Santa Cruz de La Palma, el de San Sebastián de la Gomera y el de La Estaca, en El Hierro. Y todos ellos son vitales para el abastecimiento y la economía de las respectivas islas.

Este es un hecho insólito que sólo se produce en las comunidades autónomas insulares, pues las Autoridades Portuarias peninsulares sólo gestionan uno o dos recintos portuarios. Esta singularidad supone que las Autoridades Portuarias canarias tienen que financiar con los ingresos obtenidos en los puertos de su competencia económicamente más rentables los déficits que se producen en otras instalaciones insulares, indispensables pero no generadoras de ingresos para su autosostenimiento.

El hecho de que se realice este importante esfuerzo, además de tener que contribuir al mantenimiento de otros puertos peninsulares a través del citado Fondo de Compensación, sin que esta especificidad canaria esté suficientemente tenida en cuenta y compensada, supone para las Autoridades Portuarias del Archipiélago un doble esfuerzo económico que sus homólogas peninsulares no tienen que soportar, creándose así un agravio comparativo. Uno más.