Cada día que pasa se hace más evidente la necesidad de alcanzar un gran pacto político y social para salir de la crisis. Algunos lo hemos apuntado en alguna ocasión; pero los grandes partidos no se han puesto a la tarea.
Desde el Gobierno Zapatero primero se negó la crisis durante meses y meses. Cuando los bancos llamaron a la puerta, se cayeron del guindo y empezaron a aprobar paquetes de medidas que, aun insuficientes, las respaldamos desde CC por responsabilidad y para animar el espíritu de unidad necesario en estos momentos.

Pero se negaron a impulsar ese gran pacto de partidos, sindicatos y empresarios que haga posible la salida de esta dura situación, sobre todo para los más débiles, para los parados y sus familias. No querían reconocer en el fondo la gravedad de lo que habían negado con insistencia. No querían despertar más alertas. La realidad, sin embargo, es tozuda y siempre acaba por imponerse.
Ahora, cuando los organismos internacionales y muchos analistas españoles aseguran que la crisis se prolongará también durante todo el 2010 (la peor noticia de la semana pasada), se cae de maduro la necesidad del pacto. Y cuanto más se tarde en lograrlo más daño se producirá en la sociedad.
Ese gran acuerdo debe establecer renuncias y sacrificios para todos; pero especialmente para los que más pueden permitírselo. Como es impopular, los grandes partidos esperarán a que hayan pasado las elecciones vascas y gallegas (y quizá las europeas), mientras el resto del país sufre una enorme sangría de empleo que contamina a todos los demás indicadores. Su necesidad acabará por imponerse, porque las medidas de largo plazo tardarán en dar fruto.
 A largo plazo España y Canarias deberán de dejar de depender tanto de la actividad constructora e inmobiliaria  para centrarse en otros productos y servicios. Y eso no se cambia con facilidad; sobre todo cuando hay miedo a invertir  y la banca, además, sigue poniendo muchas restricciones a los pocos que se atreven.
Hoy más que nunca se pone a prueba la responsabilidad social de todos para evitar que lo que es ya una «recesión» se convierta en un descalabro. Hemos de asumir ya el empobrecimiento que hemos sufrido en los últimos meses.

Y hemos de emprender el camino del que nadie es capaz de negar su acierto: el aumento de la productividad en todos los ámbitos públicos y privados. Los que no sean capaces de producir grandes saltos tecnológicos o innovadores en su actividad no tendrán otro remedio que contener los salarios y reducir los beneficios.

Hace sólo unos años eran impensables regulaciones de empleo masivas cuando una empresa estaba en beneficios. Sólo las empresas en pérdidas o con pérdidas inminentes utilizaban los EREs. La voracidad depredadora de algunos ha convertido esa práctica en habitual en aquellos casos en los que, simplemente, se reducen en algo los beneficios.

Es una forma de trasladar al erario público (en forma de subsidios de desempleo) el coste de la bonanza de esas empresas, detrayendo recursos para que la Administración impulse más inversión productiva. Será necesario que los trabajadores y sindicatos asuman más flexibilidad funcional, pero a cambio de que haya un compromiso empresarial claro y real de mantenimiento del empleo.

Es hora de afrontar las cosas y de no conformarnos con meras declaraciones de voluntad. A nadie le va a ir mejor si tira solo por su cuenta. Es hora de sumar esfuerzos y de compartir renuncias. Hemos salido de situaciones peores, pero nunca sin esfuerzo y empeño.

 

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