Forzado por el fuerte empuje del desempleo, el Gobierno anunció el pasado día 24 de enero, desde el otro lado del Atlántico, y en el último minuto, que prorrogaba, por cuarta vez, el Plan Prepara, que permite que muchas (cada vez menos) familias puedan seguir percibiendo un subsidio de poco más de 400 euros. Las cifras que ese mismo día desvelaba la Encuesta de Población Activa, es decir, la pérdida de 850.000 empleos en un solo año y la escalada del número de parados hasta casi las seis millones de personas, arrastraron al Gobierno a tomar una decisión después de muchos titubeos y una incertidumbre dramática e innecesaria para los receptores de estas ayudas.

Una prórroga “in extremis” dictada desde Lima, ciudad en la que se encontraba entonces Mariano Rajoy, que revela la creciente, pero tardía preocupación que existe en el seno del Gobierno sobre un problema que se le está yendo de las manos por su terquedad y su obstinación en mantener una senda que, tal como auguramos casi todos, sólo sirve para destruir puestos de trabajo.

El  pleno del Congreso convalidó el pasado jueves el Real Decreto que da luz verde a la prórroga de las ayudas, pero el PP volvió a apoyarse en su apabullante mayoría absoluta para aprobar el mismo por la vía rápida y no como proyecto de ley. Una opción que nos hubiese permitido exigir al Gobierno que rescatase a parte de las 600.000 familias y 3 millones de desempleados que no perciben ningún tipo de ayuda. Pero no hubo manera. Volvió a hacer uso de su rodillo parlamentario y cercenó la esperanza de los que se quedan en el camino sin prestaciones.

Y echó por tierra nuestra propuesta de que la prórroga se prolongue hasta que la tasa del paro descienda del 15% y no del 20% como establece el Ejecutivo. Y también cerró la vía a recuperar los criterios anteriores a la prórroga de agosto, para que colectivos como el juvenil queden cubiertos.

La prórroga arroja cierta esperanza al cada vez menor número de desempleados que reciben esta ayuda. Es un gesto que valoramos, aunque lo consideramos más que insuficiente y creemos, además, que el Gobierno ha actuado, en este caso, con una dilación inhumana, pese a que es consciente de que el futuro de muchas familias se encuentra en manos de esta raquítica prestación.

Ya han pasado quince meses desde que el Gobierno tomó las riendas de este país. Y los resultados son más que evidentes. Por tanto, ha llegado la hora de que entiendan que deben marcar un punto de inflexión en su política errática.

La creciente impotencia y preocupación ciudadana, y su aislamiento en ambas Cámaras y en la propia sociedad española, requiere que actúe, tras más de un año de prepotencia, con altura de miras. Debe apostar por el diálogo que, hasta ahora, se ha negado a ejercer de tú a tú con el resto de las fuerzas políticas y, especialmente, con los agentes económicos y sociales.

Esta semana se vio obligado a rectificar hasta en tres veces. Aceptó a regañadientes la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago, mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apabullado por las quejas de abogados, jueces, magistrados y la Defensora del Pueblo, anunció que suprimirá algunas tasas judiciales y, hasta el propio Rajoy, se desdijo y avanzó que aplicará los criterios de la ley de transparencia a los partidos políticos. ¿Un simple gesto forzado por la desafección ciudadana o un acto de humildad tras más de un año de prepotencia?

La situación es insostenible y muchos se preguntan para qué sirven las Cámaras, en las que el Gobierno tramita Reales Decretos sin ni una sola opción de enmienda y el partido que sostiene al Ejecutivo acepta callado y repite, con resignación, los argumentarios que recibe del Palacio de la Moncloa.

Los ciudadanos no creen al Gobierno y están más alejados que nunca del Parlamento por su empeño en reducir su papel a la nada. Las comparecencias se han convertido en un paripé. El diálogo es inexistente. El Gobierno impone y el PP levanta la mano, mientras que el resto de los diputados, a los que ningunean y han tratado de quitar voz, vivimos una frustración similar a la que vive la ciudadanía.

El mercado laboral  ha entrado  en una fase  de depresión  profunda que no admite nuevos errores. Y menos en Canarias.  Los ciudadanos  han abandonado la  esperanza de encontrar un empleo, otros se sienten extraños y otros se han ido de España. Las proyecciones para este año son aún peores. Los recortes de gasto público y privado no han tocado fondo y la ausencia de incentivos nos aboca a un escenario aún más dramático que el que vivimos hoy. Y, excepto que haya un milagro, la cifra del número de parados seguirá creciendo de manera alarmante.

La solución pasa por convencer a Bruselas que debe flexibilizar y deslizar en el tiempo el cumplimiento del déficit, el desarrollo de una política de incentivos similar a la que se realiza en Estados Unidos y Japón con fondos de sus reservas públicas y, en el caso de la política doméstica, que haya un punto aparte por parte del Gobierno. Que aparque su altanería y tienda puentes, abra el diálogo con el resto de los partidos y agentes sociales y escuche las propuestas tenemos que plantearles. Y no prolongue una forma de gobernar con la que sólo logrará que se abra aún más la profunda herida social que existe en este país.

Próxima parada: el debate sobre el estado de la nación que se celebrará en el Congreso los días 19 y 20 de febrero. Un debate que la ineptitud del PP en la gestión de su crisis interna convertirá en una discusión sobre la corrupción y el malestar ciudadano.