El Partido Popular de Canarias se enfrenta por tercer año consecutivo al dilema de defender a los ciudadanos a los que representa en las Cortes Generales o regalar su voto a cambio de nada a favor de los nefastos Presupuestos que ha reservado el Ejecutivo para las Islas para 2014. Y por tercera vez, al igual que ya hicieran durante la tramitación de las cuentas de 2012 y 2013, han optado por la misma salida: el silencio cómplice y la inacción. Una actitud que contrasta con la rebeldía de sus compañeros de Baleares, que han saldado su pulso con Madrid con un compromiso que obliga al Gobierno del Estado “a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la financiación de proyectos para la reforma o nueva construcción de depuradoras”. Un compromiso cuya factura asciende a más de 74 millones de euros.

El PP de Baleares suma una nueva victoria en un debate presupuestario tras lograr incluir en las cuentas 2013 una partida superior a los 90 millones de euros para la financiación de proyectos de carreteras gracias a una enmienda que el Gobierno de Rajoy aceptó a última hora en el Senado. Y, lejos de amilanarse y conformarse con los 74 millones para depuradoras, el PP de Baleares ya ha anunciado que volverá a intentar que se incremente la ficha financiera para su territorio cuando los Presupuestos aterricen en la Cámara Alta.

El enfrentamiento abierto que han protagonizado ambos Gobiernos, el de Baleares y el del Estado, y los representantes del PP de las Islas y de Génova,  difiere muchísimo del mutismo de los diputados populares canarios, que han optado por no plantar cara al ministro de Hacienda y aceptar sin exigir muchas explicaciones unas cuentas que, como ya he señalado en anteriores artículos, son tremendamente injustas para Canarias.

Lo más curioso es que, en esta ocasión, una vez que denunciamos públicamente el éxito del PP de Baleares y que, en el lado opuesto, los diputados del PP de Canarias sólo habían logrado incrementar la partida en apenas 40.000 euros, los portavoces populares salieron en tromba para intentar restar importancia a la enmienda que lograron colar sus compañeros en los Presupuestos y asegurar que se trataba de un “simple propósito, no un compromiso”.

Una extraña salida que fue desmentida solo 24 horas después al salir a la luz las declaraciones realizadas por el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, en las que aseguraba que sí se cuantificarían los 74 millones  de euros en las cuentas del próximo año y que, además, se trataba de un acuerdo cerrado con la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Al margen de esta anécdota, que evidencia el nerviosismo y el desconcierto que existe en el PP de Canarias, lo que nos importa en estos momentos es que los Presupuestos del Estado siguen su camino en las Cortes Generales y que, pese a la sinrazón y los portazos que el Gobierno ha dado ante cada demanda planteada por Canarias, aún queda margen para enmendar las cuentas y corregir unas cifras que persisten en los ajustes y que no contribuirán en nada a reactivar la economía canaria y general empleo.

Y ya no nos vale como excusa que el Gobierno del Estado no tiene margen de maniobra. En el Congreso ha quedado más que evidente que sí existe. De hecho, además de la enmienda relativa a las depuradoras de Baleares, el PP logró introducir en el Congreso, vía enmiendas, nuevo proyectos de carreteras para Zaragoza, Santiago de Compostela, Badajoz, Murcia, Fuengirola, el acceso al aeropuerto de Málaga, Melilla y Vallirana.  O proyectos culturales en numerosas ciudades de la Península o, por ejemplo, nuevas inversiones para el sector del carbón, entre otros.

El PP tiene dos opciones: o acepta las enmiendas que ha presentado CC-NC a los Presupuestos del Estado en el Congreso, y que volveremos a registrar en el Senado, o da un paso al frente y actúa con valentía con la presentación de enmiendas propias. En sus manos está la posibilidad de poner fin al reincidente castigo del Gobierno del Estado al territorio que más apoyo necesita para salir de la crisis. Optar por seguir por el mismo camino, es decir, por ofuscarse en la defensa de unas cuentas indefendibles y lavar la cara del Gobierno del Estado es un error que pagaremos todos los canarios.