Artículo publicado en El Siglo

Las constituciones, como fundamento de las sociedades democráticas avanzadas, se debaten entre la vocación de permanencia como norma de convivencia ciudadana y su necesaria adaptación a los cambios sociales. La de 1978 ha cumplido de sobra las expectativas de los ciudadanos que la votaron, consolidando un Estado social y democrático de derecho que garantiza amplios derechos fundamentales y libertades públicas, y que reconoce autonomía política a las nacionalidades y regiones en las que se organiza.

Sin embargo, desde su aprobación las circunstancias han cambiado mucho y ello se ha de reflejar en la norma más importante del Estado. Por eso, la Constitución de 1978, la más longeva de la historia constitucional española, tras treinta y cinco años de vigencia, requiere de una profunda modificación.

Su no reforma, su petrificación, provoca distanciamiento y desapego social, por eso todas las generaciones han de revalidar su adhesión a la Constitución como expresión de lo que Habermas denominó patriotismo constitucional, esto es, una renovación democrática del constitucionalismo a través de una mayor participación ciudadana que mantenga la legitimidad de la misma. Sin embargo, eso no se ha producido en las dos reformas realizadas, que han obedecido a otras circunstancias. El verdadero patriotismo democrático, constitucional, comprometido con los ciudadanos, sus derechos y libertades, se demuestra propiciando una reforma constitucional que renueve las reglas de convivencia democrática sobre todo entre las nuevas generaciones y que, insisto, legitime el sistema. Si la Constitución es obra del Pueblo como poder soberano, la reforma es necesaria tanto para que verdaderamente sea obra de toda la ciudadanía incorporando a las nuevas generaciones –a los que ahora tienen menos de 50 años que no participaron en su aprobación- como para que todos nos sentamos partícipes de sus valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

Coalición Canaria ha llevado en sus distintos programas electorales la necesidad de proceder a una reforma constitucional amplia y profunda que incida tanto en el modelo democrático plasmado en el texto constitucional, instaurando nuevos derechos –sobre todo nuevos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones-; en el modelo social, garantizando la prestación pública de determinados servicios esenciales como la sanidad, educación y dependencia; como en el modelo territorial, consolidando un verdadero Estado plurinacional que reconozca su diversidad territorial.

En relación a esto último y al encaje de Canarias en la Constitución, esa reforma debe resolver el problema de la integración de los “hechos diferenciales”, configurando de manera definitiva un modelo territorial asimétrico (sea o no federal), donde la lejanía e insularidad constituyan el hecho diferencial natural que determine la relación del Archipiélago con el Estado, dotándonos de un estatus competencial e institucional que nos permita ampliar nuestro autogobierno.