Esta semana nos opusimos a la convalidación del decreto presentado por el Gobierno para acometer la reforma laboral. Dijimos “no” a la reforma presentada en su momento por el PSOE y nos oponemos también a la tramitada por el actual Gobierno, salvo que durante su tramitación como proyecto de ley alcancemos un acuerdo sobre el equilibrio que debe existir entre los derechos y las obligaciones de trabajadores y empresarios, así como la inclusión de bonificaciones para los territorios más afectados por el paro, como es el caso de Canarias.

El desempleo no es solamente el principal problema de este país, también es el drama que viven hoy más de cinco millones de españoles, de los que 341.900 son hombres y mujeres canarios. Son millones de familias cuyos miembros no tienen el derecho al trabajo que les reconoce el artículo 35 de la Constitución. Son también millones de jóvenes, toda una generación que, desesperanzada, muchos de ellos con un nivel alto de formación, no alcanza a vislumbrar un medio laboral sobre el que construir su futuro. Esa es la situación, y luchar contra ella debe ser la única prioridad.

El paro es la consecuencia de la crisis, pero también de la falta de financiación para emprendedores, la especulación de los sectores financieros, el desplome de la inversión y el consumo y la desregulación de unos mercados alejados de las necesidades de la economía productiva, la que de verdad crea empleo. Los ciudadanos desean que la política mande sobre los especuladores y reclaman la adopción de medidas contundentes para impulsar la actividad económica, posibilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, apoyar a los emprendedores, mejorar la competitividad de nuestros sectores e incrementar la productividad del país. Los ciudadanos nos piden que adoptemos medidas para que la carga impositiva se distribuya de forma más justa, que paguen más los que más tienen, que se luche contra el fraude y la especulación y, sobre todo, que se mantengan las prestaciones sociales esenciales para garantizar el mínimo vital de todos y cada uno de los ciudadanos, de todas las familias.

Sabemos también que el causante del paro tampoco es la legislación laboral. La reforma contenida en el Real Decreto-Ley que esta semana se debatió en el Congreso no generará, por sí misma, empleo. Al contrario, como ha reconocido el propio Gobierno, lo que producirá esta reforma laboral es más desempleo. Más desesperanza, incertidumbre y miedo a perder su trabajo para otros tantos cientos de miles de hombres y mujeres.

La legislación laboral tiene que adaptarse para contribuir, en la parte que le corresponde, a superar la profunda crisis económica que nos afecta. Debe procurar que las empresas existentes y los nuevos emprendedores, generadores de más del 95% del empleo en nuestro país, dispongan de un marco jurídico sencillo, claro y seguro en el que desarrollar su actividad y fundamentar las relaciones laborales.

Ahora se inicia el recorrido de la reforma como proyecto de ley y podremos presentar en forma de enmiendas nuestras aportaciones para que el texto se adapte a lo que los nacionalistas consideramos que se debe acometer para impulsar la creación de empleo. En este sentido, propondremos el fomento de la contratación a través de la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social en los nuevos contratos. Una medida que, a nuestro juicio, debe aplicarse en los territorios de las comunidades autónomas cuyo índice de desempleo supere a la media estatal, entre los que se encuentra Canarias.

En cuanto al nuevo contrato laboral, es cierto que empresarios y trabajadores pueden y deben tener un periodo de prueba durante el que se pueda extinguir el contrato sin necesidad de alegar causa. Ahora bien, cuando el Real Decreto-Ley eleva en los nuevos contratos hasta un año el periodo de prueba, entonces hay que afirmar que se trata de un abuso. Y nos opondremos a que existan contratos en los que el trabajador puede ser despedido durante el primer año sin indemnización.

Sobre las medidas de flexibilidad interna de las empresas, hay sobre todo dos aspectos que nos parecen un exceso innecesario e inadmisible. De una parte, la posibilidad de reducción unilateral del salario por parte del empresario. De otra, la prohibición por ley a sindicatos y empresarios para negociar con libertad sobre esta materia. En este asunto, el Gobierno se ha convertido en abogado defensor de una parte y por tanto ha dejado de ser el Gobierno de todos los ciudadanos. No es ese un buen camino.

Y en cuanto al despido colectivo, nos parece desproporcionada la definición de la causa justa para el despido. Las causas de despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción deben ser eso, objetivas, demostrables y, sobre todo, proporcionales. Y propondremos que se modifique la norma.

El marco de relaciones laborales tiene que basarse en un principio básico: el equilibro entre los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores. También debe respetar el principio constitucional de la autonomía de las partes en el contrato de trabajo y el derecho a la negociación colectiva. No se puede romper de la noche a la mañana con un profundo proceso de diálogo social que ha contribuido al progreso económico y la estabilidad en España, uno de los pilares de su democracia, cuyo éxito, no lo olvidemos, se fundamentó en el acuerdo no sólo político, sino también social.