La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), denunció durante el debate de una iniciativa de Convergència i Unió (CiU) sobre empleo que “el Gobierno del Partido Popular se ha cargado el plan de empleo de infraestructura educativa y ha eliminado 100 millones de compensación del ITE para un plan de empleo especial dirigido a los jóvenes de Canarias que carecen de un puesto de trabajo”.

Oramas ha solicitado la comparecencia del Gobierno para que explique la próxima semana en el Congreso de los Diputados la política en materia de empleo que aplicará en las Islas durante 2012.

La diputada nacionalista lamenta que el Gobierno haya eliminado ambos planes en una Comunidad con una tasa de paro del 31% y en la que el 59,85% de los jóvenes de entre 16 y 19 años carece de un puesto de trabajo.

“71.600 jóvenes entre dieciséis y diecinueve son inactivos, ni estudian ni trabajan. Tenemos un problema y ya habíamos empezado a trabajar y a avanzar en el último año con unos planes de empleo específicos que se habían pactado en la legislatura anterior, pero nos hemos encontrado con que en los Presupuestos Generales del Estado, y con la situación de paro en Canarias, el Gobierno del Partido Popular se ha cargado el plan de empleo de infraestructura educativa y se ha cargado 100 millones de compensación del ITE para un plan de empleo especial en Canarias para la gente joven”, agregó Ana Oramas.

La diputada apoyó una iniciativa de CiU, que fue aprobada con 202 votos a favor, que emplaza al Gobierno a impulsar un plan de choque que cree empleo a corto plazo.

El texto presentado por CiU constata la necesidad de que el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y la Ley que deriva de éste, vaya acompañado de un Plan de Choque para el Empleo que incorpore, en el marco de los Planes Anuales de Políticas de Empleo y del Fondo Social Europeo, un conjunto de medidas destinadas a facilitar el mantenimiento del empleo existente y a crear nuevos puestos de trabajo.

Esta iniciativa insta al Gobierno a abrir un periodo de consultas con las Comunidades Autónomas, los interlocutores sociales en el marco del diálogo social, así como con los Grupos Parlamentarios para el análisis de posibles medidas a tomar.

 

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