Coalición Canaria votó esta semana a favor de la prórroga del estado de alarma en las torres de control de los aeropuertos por la sencilla razón de que no podemos permitirnos un nuevo fallo en las puertas de entrada y de salida de Canarias.No podemos hacerlo justo en las semanas más necesarias: cuando decenas de miles de canarios salen o llegan por avión a encontrarse con sus familias. Y cuando cientos de miles de visitantes llenan nuestros hoteles y apartamentos en las semanas de demanda turística más importantes del año aquí.

Los debates jurídicos sobre la medida se empequeñecen en Canarias a la vista de lo evidente: Cuando los bloqueos incontrolados del tráfico aéreo se convierten en una especie de «secuestro masivo» de todo un pueblo, impedido de su constitucional libertad  a moverse como el resto de los ciudadanos, tenemos muy claro que se han de preservar sus derechos.

Recordé a la Cámara algo que no siempre se aprecia desde el continente: «Estuvimos aislados y secuestrados. Dos millones de canarios vivimos esos días de forma terrible, porque los canarios no cogemos el avión sólo para irnos de vacaciones; los canarios cogemos el avión para ir al médico, a trabajar o para enterrar a nuestros muertos, como pasó esos días».

En la estabilidad y seguridad aérea nos  va, además, el que se afiancen los síntmas de recuperación que se aprecian en el sector turístico, después de arduos esfuerzos del sector público y del privado por abaratar costes para competir en una coyuntura en la que se impone el ahorro y la eficiencia al máximo. Y eso no lo pueden arruinar de nuevo con un abusivo uso de huelgas camufladas e ilegales.

Después de un año en el que hemos padecido los efectos del volcán islandés, otra huelga excesiva de controladores en agosto y un deterioro permanente de la puntualidad, no podemos permitir que la incertidumbre se instale de nuevo en un futuro tan quebradizo e incierto como el que atravesamos.

Ante este estado de cosas, le pedimos al Partido Popular que no intente sacar fácil rédito político del problema; porque los ciudadanos esperan ahora que se resuelva cuanto antes, sin que se complique más todavía por desavencias políticas. Y le pedimos al Gobierno que empiece a trabajar en el necesario arbitraje entre las partes para que el día 15 de enero  este conflicto sea ya historia.

Eso es lo menos que podemos esperar después de todo este desbarajuste: que se aplique el sentido común de una vez a una situación envenenada  desde hace mucho tiempo.