Madrid, EFE. La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, cree que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «tiene un deseo de desestabilizar las instituciones canarias» porque aún «no ha asumido» que no es presidente de la comunidad.

En una entrevista con Efe, Oramas espera que Soria acabe desistiendo en su actitud y asuma que el «interlocutor legítimo» de Canarias con el Gobierno central no es él, sino el Ejecutivo autonómico que preside Paulino Rivero.

Hasta ahora, en su opinión, el ministro no ha ejercido, como él dice, de representante de los intereses de Canarias en el gabinete de Mariano Rajoy, y lamenta que, cada vez que va a Canarias, Soria proponga a los socialistas un pacto de gobierno que deje fuera a su partido.

Tampoco ve que el ministro esté ayudando en las relaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico (CC-PSOE), que deberían ser buenas, como lo eran cuando los nacionalistas canarios gobernaban con el PP y el PSOE estaba en La Moncloa.

En la entrevista, la diputada de CC advierte de que Canarias debería ser para el Gobierno central «un tema de Estado» para que no acabe convirtiéndose en «un problema de Estado».

Asegura que en los presupuestos del Estado Canarias ha perdido 900 millones en inversiones, sobre todo en actuaciones que se van a tener que paralizar, relativas por ejemplo a las infraestructuras turísticas o de carreteras, y que podrían llevar al paro a entre 4.000 y 5.000 personas.

Reprocha asimismo al PP que criticara el Plan Canarias del anterior Gobierno, que gracias a los acuerdos presupuestarios supuso 1.800 millones para la comunidad y ahora, con el Ejecutivo actual, han «desaparecido» las inversiones y los planes de empleo para el archipiélago, que tiene la mayor tasa de paro del país, el 32 por ciento.

Por otro lado, Oramas considera que el Gobierno de Rajoy ha «eliminado» las políticas fundamentales para el turismo en Canarias, al dar «marcha atrás» en iniciativas que estaban funcionando.

Como ejemplo, denuncia la desaparición de las bonificaciones para las tasas aéreas, que han provocado ya el descenso de las reservas, y también ha criticado que no se haya puesto en marcha el anunciado plan de estrategia turística del Estado.

Luego hay otras cuestiones que pueden parecer «menores» desde Madrid pero que son muy importantes para los canarios y en las que se demuestra, subraya, el «desconocimiento» por parte del Gobierno de la nación de lo que es ser canario y del hecho insular.

Cita así el recorte a la mitad de las subvenciones al transporte de mercancías, que va a encarecer aún más la cesta de la compra -las más elevada de España, subraya- y puede llevar a una situación «insostenible».

También advierte de la retirada de las subvenciones al agua desalada, que supone el 85 por ciento de la que se utiliza en Lanzarote o Fuerteventura y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y que va a elevar un 20 por ciento el recibo que tendrán que pagar los canarios, ya mucho mayor que en la Península.

Especialmente crítica se muestra Oramas, por otra parte, con la decisión del Gobierno de pedir otra vez el certificado de residencia para los descuentos en los viajes en avión, que no sólo supone un encarecimiento sino también «una humillación».

Finalmente, Ana Oramas insiste en el «clamor» que hay en Canarias contra las prospecciones petrolíferas de Repsol, que cuenta con la licencia previa del Gobierno.

Se trata, ha dicho, de un riesgo que «se comen» los canarios y del que no obtienen ventaja alguna, porque «el petróleo no genera puestos de trabajo» y un derrame «se cargaría toda la economía» de la comunidad.

En esta nueva legislatura en la que el partido en el Gobierno tiene mayoría absoluta, Ana Oramas lamenta que los populares hayan hecho uso del «rodillo» desde el primer momento y no hayan impulsado acuerdos, primero con el PSOE y después con el resto de la oposición, que habrían dado una «posición fuerte de país».

Ahora el Gobierno sufre de una «falta de confianza internacional» provocada, por un lado, por no haber buscado consensos y haber optado por la confrontación con la oposición, pero también por sus «vaivenes» en la toma de decisiones, añade.

Además, cree que el Congreso de los Diputados vive en estos momentos un «diálogo de sordos», con un Gobierno que asegura querer consensos pero luego pide un «contrato de adhesión» a sus políticas.

Todo ello en una legislatura en la que el Grupo Mixto -en el que están Oramas y el otro diputado de CC-NC, Pedro Quevedo- está «distorsionado» según la diputada debido a la presencia de Amaiur, que con siete representantes, copa «el sesenta por ciento de las iniciativas y de los tiempos del grupo».

Oramas espera que el Tribunal Constitucional resuelva pronto a favor de Amaiur y le dé grupo propio, porque el Mixto «no está preparado reglamentariamente» para tener ocho partidos y diecisiete parlamentarios, y los más pequeños pierden la capacidad de acción política que les dieron las urnas.

 

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