Muchas son las lecturas que se han realizado sobre la reunión mantenida esta semana por el presidente de Canarias, Paulino Rivero, con el presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy. Algunas de ellas se han realizado siguiendo las directrices y los argumentarios elaborados con una clara intencionalidad de confrontación y otras con el propósito de restar importancia a un encuentro que, desde mi punto de vista, simboliza el deshielo en las relaciones bilaterales entre dos administraciones condenadas a entenderse.

Decía el primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los «padres de Europa», Konrad Adenauer, que “la historia es la suma de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”. Una reflexión que retrata la realidad de nuestro país, en el que se acumulan los problemas de marcado carácter territorial ante la continua huida del Gobierno del Estado, que en esta legislatura ha apostado por la imposición y la ausencia de diálogo con las Comunidades Autónomas. Problemas que hubieran podido evitarse o amortiguarse si no hubiese mirado hacia otro lado.

Canarias no ha sido una excepción. El caso catalán es el que más trascendencia tiene en los medios de comunicación, pero la lista de agravios y controversias territoriales es mucho más amplia.  De ahí la importancia que, tras un año sin apenas comunicación, los dos presidentes hayan vuelto a reunirse en la Moncloa. Y lo más importante es que la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que ha estado enrocada en los despachos de los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, haya sido puesta en la mesa que corresponde, es decir, al más alto nivel de negociación, como se hizo en otros procesos históricos con Felipe González y José María Aznar. Este asunto es tan relevante que no podía seguir en las manos del ministro. Ahora su defensa se realizará ante Bruselas desde el lugar que merece la herramienta más poderosa que posee Canarias.

Sé que muchos consideran que se trata de una reforma alejada de la realidad y que no afecta directamente a su propia economía, pero no es así. Cuando nos referimos al REF estamos hablando de cuestiones tan trascendentales como que la luz cueste lo mismo en Canarias que en la Península, que se garantice la subvención del agua desalada, la bonificación del transporte de pasajeros y mercancías, el diferencial fiscal, etcétera. Se trata, por tanto, de un proceso que no puede estar en manos de funcionarios, es un asunto de Estado que debe ser gestionado al más alto nivel.

El presidente de Canarias ha tenido la oportunidad de plantearle a Rajoy cuál es la posición de las Islas con respecto a otro debate inaplazable: la financiación autonómica. Y lo ha hecho en el momento más oportuno, es decir, antes de que sea abordado próximamente en la Conferencia de Presidentes y antes de que reciba a los barones del Partido Popular para escuchar las reivindicaciones que plantearán cada uno de ellos en torno a un sistema que es clave para corregir la política discriminatoria que el Estado aplica con respecto al Archipiélago.

Me consta que en la reunión también se habló sobre el nuevo modelo de Estado y la necesaria reforma de la Constitución. Dos cuestiones que, pese a las reticencias del Gobierno y su empeño en eludir su debate, se han colado con fuerza en la agenda política  estatal. Un debate en el que Canarias quiere estar presente para que, entre otras cosas, se corrija definitivamente el perjuicio que supone que lo que nos distingue del resto del Estado no esté reflejado en la Constitución.

Es la hora de retomar la senda del diálogo que nunca se debió truncar. Y el deshielo en las relaciones entre Canarias y el Estado, más allá de las lecturas políticas, es una buena noticia para todos. Eso sí, no puede ser un simple gesto, debe ser el inicio de una nueva etapa en la que se retome la agenda de trabajo en los foros bilaterales constituidos por representantes de ambas administraciones. Existen demasiadas materias de especial sensibilidad para las Islas que están a punto de sufrir cambios importantes, como la privatización de AENA, y las Islas no pueden quedar al margen de decisiones que nos afectarán automáticamente.

El debate es inevitable y las discrepancias forman parte del guión previsible de la política de nuestro país, pero el futuro de Canarias no es una cuestión insustancial, es un asunto de Estado que debe quedar al margen de las disputas partidistas. Y la reunión entre ambos presidentes, más allá de las interpretaciones de unos y otros, es un paso al frente en la buena dirección.