Desde el pasado sábado, 1 de septiembre, se han vuelto a repetir escenas que no veíamos desde hace casi 20 años por la obstinación del Ministerio de Fomento en obligarnos a viajar con el certificado de residente y nuestra documentación. Un empeño anacrónico e inadmisible en plena era digital de un Gobierno que humilla con esta decisión a canarios, baleares y residentes en Ceuta y Melilla.
Hoy aterriza en nuestro país la canciller alemana, Angela Merkel, sin que sepamos con exactitud el contenido de la agenda de trabajo que mantendrá con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni mucho menos la letra pequeña de las obligaciones que trasladará a España para acceder al rescate que los socios comunitarios se niegan a habilitar a nuestro país sin condiciones previas.
Si alguien desea llegar a este lugar, deberá viajar hasta el extremo sudoeste de España, volando hasta el territorio en el que más tarde se oculta el Sol. No es una isla ficticia, como la que describe J.M. Barrie en la archiconocida novela de “Peter Pan”, pero sí es un espacio mágico de una enorme belleza situado a tan sólo dos horas y media de la Península. Es Reserva Mundial de la Biosfera y será la primera isla del mundo que se abastecerá exclusivamente con energías renovables. Un paraíso por descubrir y un reducto de paz y tranquilidad situado al margen del turismo convencional. Es la isla de El Hierro.
Hoy nos hemos despertado con nuevos titulares que apuntan a que este país ha entrado en una espiral irreversible que nos aboca a una próxima intervención económica por parte de la Unión Europea. Las palabras de esta mañana del propio ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que aseguraba que “el Gobierno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer” ratifican que el Ejecutivo ya ha tirado la toalla y que hemos entregado nuestro futuro a Bruselas y Berlín.
El mismo día que el Congreso aprobaba el mayor recorte de la historia, con el único apoyo del Partido Popular, Canarias sufría en la misma Cámara un duro revés por la decisión del mismo partido de dar la espalda a las Islas en el debate de una iniciativa con la que pretendíamos que el Ministerio de Fomento contribuyese a reactivar la convaleciente economía canaria y devolver la esperanza a muchas personas sin empleo.
He sido muchos años alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y mi relación con mis vecinos y vecinas es tanto o más fluida que entonces. La crisis es un veneno que genera ansiedad, angustia y un malestar insoportable, pero ha servido también para multiplicar la solidaridad entre quienes más sufren las secuelas de la prolongada recesión y entre la inmensa mayoría de quienes no sabemos con exactitud ni qué está pasando, ni cuánto tendremos que pagar y, especialmente, hasta cuándo se alargará esta agonía insufrible.
Ni las lágrimas contenidas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, harán olvidar el dolor causado a la inmensa mayoría de los españoles por los prolongados aplausos de los diputados y diputadas del Partido Popular tras el anuncio de los mayores recortes de nuestra democracia por parte de Mariano Rajoy.
La columnista Maruja Torres se quejaba en un artículo publicado este fin de semana en “El País Semanal” del “silencio peninsular que se cierne sobre la lucha que estamentos de todo tipo están llevando a cabo en Canarias contra las desastrosas consecuencias que tendría para las islas de Lanzarote y Fuerteventura –y para el archipiélago en general- el inicio de extracciones petroleras en una franja situada entre 9 y 60 kilómetros de sus costas”.
Los viajeros que adquirieron sus billetes antes de la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado tendrán que abonar un plus inesperado por el incremento de las tasas aeroportuarias. La imprevista decisión del Partido Popular de tumbar en el último minuto el acuerdo del Senado para que esta medida no se aplicase a los billetes ya emitidos, causará graves perjuicios económicos a los pasajeros y a las propias aerolíneas, además de un cúmulo de confusiones que el Gobierno podría haber evitado.
Casi un mes después de que España solicitase el rescate de la banca, seguimos sin conocer la letra pequeña del coste para devolver una cantidad ingente que nos obligará a sumar nuevos sacrificios. Todo apunta a que el sufrimiento que hoy padecen muchas familias se alargará con medidas que se traducirán en un incremento del IVA y en una nueva reducción de los salarios de los empleados públicos.
